APOYO A PETROPERÚ. Esta semana, mientras la presidenta Dina Boluarte protagonizaba otro papelón internacional, en nuestro país se hizo evidente que la calamitosa situación económica y financiera de Petroperú requiere una explicación de parte del Gobierno que tiene que ser extensa, como discurso presidencial, pero estructurada, comprensible y sin medias verdades. Quizás sea mucho pedir, teniendo en cuenta la afición de muchos ministros a “interpretar” la realidad a su antojo y hacer ofrecimientos o anuncios poco creíbles.
A julio pasado, la petrolera estatal registró pérdidas por US$ 299.4 millones, monto que supera en 50% el capital social de la empresa. Según la Ley General de Sociedades, el directorio de Petroperú debe convocar “de inmediato” a una junta general extraordinaria de accionistas. Al cierre de esta edición, el portal de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) no consignaba tal convocatoria. El único accionista de la petrolera es el Estado peruano, representado por los ministerios de Energía y Minas (Minem, 60% de las acciones) y de Economía y Finanzas (MEF, 40% de las acciones).
LEA TAMBIÉN: Directorio de Petroperú ignoró plan para restructurar la empresa, cuestiona David Tuesta
Por tanto, no sería difícil reunirlos. Lo complicado será encontrar una solución al grave problema, pues hay un riesgo latente de que la petrolera entre en insolvencia, que según la legislación ocurre cuando una empresa ha sufrido la pérdida de más de dos tercios de su patrimonio o se encuentra impedida de afrontar el pago de sus obligaciones. Este proceso forma parte del “sistema concursal” y es administrado por el Indecopi. La clave es que los acreedores aprueben un esquema factible de pagos, pues de lo contrario, tendría que ser liquidada –algo por ahora impensable para el caso de Petroperú–.
La reestructuración de la deuda de la petrolera es justamente el embrollo. Lo que el MEF y el Minem han anunciado al respecto son términos sofisticados como “reperfilar” la deuda y, por supuesto, negar que habrá nuevos salvatajes. Los anteriores incluyeron capitalización de deudas, que en teoría son “inversión” aunque en la práctica implican gasto público. Por ejemplo, el fin de semana, el MEF aprobó una emisión de bonos hasta por US$ 287.3 millones, para pagar parte de la garantía que el Estado otorga a la petrolera, justamente porque no puede honrar sus deudas. Eso es salvataje, ¿no?
LEA TAMBIÉN: Congreso: buscan citar al MEF y al presidente de Petroperú por emisión de bonos
Mientras tanto, Petroperú sigue sin implementar las mejoras que le exigía el rescate financiero del 2023: restructuración, austeridad y venta de activos (tampoco se atreve a reducir personal). Lo único que se ha hecho es elevar la carga fiscal de esta ineficiente empresa estatal.
