El presidente interino de la República, José Balcázar, necesita profundizar sus conocimientos sobre política fiscal. Es que al igual que el grueso de los congresistas, parece creer que el dinero público es inacabable. Él también es congresista y ejerce su actual cargo debido a que fue elegido presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, lo mismo que el vacado José Jerí, quien ya volvió a ocupar su curul. Y sus colegas continúan aprobando leyes que incrementan el gasto corriente rígido, que se vuelve una carga presupuestaria permanente y difícil de reducir, porque encarece la planilla estatal. Para Balcázar, los recursos del tesoro público y los créditos suplementarios son dos cosas distintas.
El crédito suplementario es un incremento de recursos autorizado para determinadas partidas del Presupuesto Público que provienen, generalmente, de transferencias desde otras partidas, deuda pública o una mayor recaudación tributaria. En todos los casos, se trata de recursos del tesoro público. Según la Constitución, los créditos suplementarios son aprobados por ley del Congreso, pero el Ejecutivo tiene la costumbre de hacerlo vía decretos supremos. El último día de Denisse Miralles como primera ministra, se promulgó uno por S/ 522 millones para un proyecto de la FAP en la base aérea La Joya (Arequipa).
Balcázar expuso su confusión al referirse a la ley aprobada por el Congreso que autoriza el pago de gratificaciones y CTS a trabajadores estatales del régimen CAS. La promulgó el lunes (Ley 32563). “Con un crédito suplementario sería fácil” dijo en entrevista radial, refiriéndose a la inclusión de dicho gasto en el vigente Presupuesto Público, que según el Consejo Fiscal (CF), representaría un costo de S/ 3,000 millones anuales. El mandatario no parece entender que ese dinero tendrá que provenir de alguna fuente. Y lo más probable es que se tenga que realizar transferencias desde otras partidas presupuestarias, como por ejemplo de inversión pública –que el BCR proyecta que solo crecerá 1% este año–. Súper fácil.
Cabría suponer que Balcázar tiene la misma confusión respecto de cómo financiar la Ley 32561, que promulgó el domingo, referida a pensiones militares y policiales, o a la ley aprobada por insistencia por el Congreso, que eleva las pensiones de profesores. Según el CF, las tres normas representan un costo fiscal adicional de S/ 11,500 millones anuales. Y si sumamos el posible rescate para Petroperú (con un primer anuncio de S/ 500 millones, pero con la aparente intención del Gobierno de llegar a los US$ 2,000 millones) –el presidente está en contra de su reestructuración–, su corto mandato resultará muy oneroso para el país.
