Desde hace más de una semana, se vienen llevando a cabo bloqueos de carreteras en diversas regiones del país, promovidos sobre todo por mineros ilegales –que se infiltran entre los mineros artesanales e informales–. Ello, como protesta porque el Gobierno decidiera, si bien extender hasta fin de año el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), exigir al mismo tiempo que ello solo aplique a quienes ya cuenten con un registro vigente o para quienes tengan una inscripción que haya sido suspendida por un período igual o menor a un año, a junio de este año.
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En teoría, la decisión del Gobierno de ejecutar su facultad de ampliar una vez más el plazo del registro vía decreto –normalmente debe hacerse vía ley, pero el Congreso le dejó abierta esta puerta en la última ley que aprobó en diciembre–, se hizo con fines exclusivos de promover la formalización del mayor número posible de empresarios de la pequeña minería no formal y de la minería artesanal. Y considerando el tiempo que viene existiendo el Reinfo, las varias veces que este ha sido ampliado y los escasos resultados logrados hasta el momento en cuanto a formalización, las restricciones establecidas por el Ejecutivo parecen más que razonables.
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Así las cosas, queda claro que, en este caso en concreto, la posición más razonable y que defiende mejor los intereses del país es la que viene defendiendo el Gobierno. Más aún, considerando el estrecho vínculo de la minería ilegal con otros crímenes graves, así como con la criminalidad organizada. El problema, no obstante, es que este podría ser justamente uno de esos momentos en los que la debilidad de la presidenta y sus ministros podría terminar por pasarnos factura.
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El miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, condenó los bloqueos y aseguró que el Gobierno no va a retroceder en su decisión. Es un hecho que los bloqueos ya vienen ocasionando daños serios a la economía nacional y paralizaciones en ciertas industrias, como advirtió ayer el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Además, también es una realidad que el poder que han alcanzado los mineros ilegales no solo se explica por el dinero que manejan, sino también por su cercanía con varios congresistas.
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Si algo ha quedado claro desde que Boluarte llegó al Ejecutivo –sin bancada, sin vicepresidentes ni sin apoyo popular–, es que su poder está en gran parte subordinado al de la mayoría congresal, que podría declarar su vacancia en cualquier momento. Ahora que se ha tomado la decisión correcta de mantenerse firme frente a los mineros ilegales, el resultado final de esta pugna nos dejará finalmente claro cuánto poder ha logrado acumular realmente este sector. Si el Gobierno retrocede, habrá perdido el país.
