En mayo, el PBI nacional creció 2.67%, respecto del mismo mes del 2024. Este resultado mostraría que, por fin, la economía peruana comenzó a recuperarse, pues la base de comparación era relativamente alta. Es que el PBI de mayo del año pasado aumentó 5.32%, por el efecto contrario –rebote estadístico que siguió a la recesión del 2023–. Además, el PBI de mayo se expandió a pesar de eventos que complicaron el desempeño de la minería, sector con fuerte peso en la composición del PBI: la suspensión temporal de operaciones de Shougang Hierro Perú en Marcona (Ica) y de Minera Poderosa en Pataz (La Libertad). En este último caso por una desatinada decisión del Gobierno, tras el asesinato de trece trabajadores de la empresa. Así que la minería metálica cayó 6.25%.
Por ende, fueron otros los sectores que apuntalaron el crecimiento del PBI, entre ellos agro, transporte, alojamiento, construcción y, por supuesto, administración pública. En tanto, finanzas y seguros continuó con tasas ligeramente positivas, lo que indicaría que tardará más que otros en recuperarse. Con respecto a construcción, hay indicios de un cambio de tendencia: mientras el componente privado (consumo interno de cemento) se está recuperando, el componente público (avance físico de obras) se está desacelerando. Apenas se incrementó 0.46% en mayo, impulsado por obras del Gobierno nacional, pues tanto municipios como gobiernos regionales cerraron mayo en rojo.
La inversión pública ha estado creciendo a menores tasas desde el último trimestre del año pasado. El BCR proyecta que este año aumentará 6.5%, menos de la mitad de la variación del año pasado (14.7%). Esta desaceleración se explica principalmente por los esfuerzos del MEF para reducir el déficit fiscal. Si bien la recaudación tributaria ha estado en alza, en línea con la evolución positiva del PBI, esos recursos adicionales no alcanzarán para contraer la amplia brecha fiscal, porque el componente del gasto público que lo impide es el corriente, sobre todo el “gasto rígido”.
Se trata de gastos que no pueden reducirse con facilidad, en especial si están amparados en leyes. El más abultado, con 27% del total, es remuneraciones de servidores estatales, según data del MEF analizada por el Instituto Peruano de Economía (IPE), que el actual Congreso ha elevado con sus dadivosas leyes y que el Gobierno busca imitar. También figuran pensiones, bienes y servicios, y pago de la deuda. En suma, representan el 60% del gasto corriente. En suma, menor déficit fiscal significa menor inversión pública.
