ESQUEMA APP. En sus últimos días como titular del MEF, José Salardi impulsó una de sus grandes iniciativas: la reforma de las asociaciones público-privadas (APP), el esquema que desde la gestión de su antecesor, José Arista, estaba tomando fuerza como la alternativa más adecuada para emprender la reducción de la brecha de infraestructura. El problema es que Salardi “empujó” su reforma de un modo que él mismo criticaba. Es que fue aprobada al caballazo en el Congreso, sin debate previo en comisiones.
El nuevo titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, informó la semana pasada que el Ejecutivo observará la autógrafa de ley aprobada por el Congreso y planteará ajustes “importantes”. Hay dos cuestionamientos centrales, uno está referido a la aparente falta de claridad en las nuevas funciones que se iban a encargar a ProInversión. El otro partió del Consejo Fiscal (CF) y tiene que ver con el riesgo de comprometer el equilibrio fiscal a mediano y largo plazo.
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Pérez Reyes explicó a Gestión que las mejoras que planteará tienen que ver con la gobernanza de ProInversión, a fin de asegurar que las decisiones no sean tomadas únicamente por el MEF. Al respecto, se planteará la creación de un comité de inversiones integrado por los ministerios vinculados a infraestructura –que determine qué proyectos irán como APP–, así como la selección de uno o dos miembros independientes del consejo directivo de ProInversión vía concurso público, para contar con una “lectura alternativa” a los proyectos de inversión que le sean encargados. Otro aspecto clave es la reducción de plazos; el ministro mencionó la necesidad de un mecanismo más rápido para elaborar adendas a los contratos de concesión.
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Por su parte, la preocupación del CF era que la reforma podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas, pues la programación presupuestal iba a desvincularse de la aprobación de proyectos APP –este esquema implica el cofinanciamiento con recursos públicos– y la ausencia de controles eficaces ante una cartera de inversiones por US$ 70,000 millones, el doble de lo adjudicado en los últimos 15 años, entre otros riesgos.
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Corregir los defectos de la reforma de APP, llenar sus vacíos y debatirla no debería tomar mucho tiempo. Pérez Reyes dijo que el objetivo es mantener el buen ritmo de adjudicación de obras vía este esquema, que cobró impulso desde que Salardi fue nombrado director ejecutivo de ProInversión, en diciembre del 2022. Lo que sí debería pasar al olvido es el esquema de obra pública, donde el 100% del costo es asumido por el Estado.
