El lunes de la semana pasada en esta columna, nos preguntamos si el nuevo titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, sabría decirle “no” a las presiones por más recursos de la presidenta, ministros, gobiernos subnacionales y congresistas; y ya tenemos la respuesta. La modificación que el Congreso aprobó para las tasas del IGV y del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) ha recibido el aval de Pérez Reyes, quien además ha informado que propondrá una “flexibilización” de la meta de déficit fiscal –para poder gastar más, se entiende–.
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En el primer caso, la tasa del IGV bajará de 16% a 14%, mientras que la del IPM subirá de 2% a 4%, es decir, se duplicarán los recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún), que se distribuyen entre los gobiernos locales del país. En vista que no variará la tasa conjunta que se paga cuando se adquiere un bien o servicio (18%) –salvo las exoneraciones y tasas reducidas que la dadivosidad del Congreso ha creado–, Pérez Reyes afirmó que no habrá impacto fiscal y que la modificación “fortalecerá” a las municipalidades más pequeñas.
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En efecto, desde el punto de vista tributario, los contribuyentes no se verán afectados, tampoco las grandes cifras de la recaudación. Pero sí habrá impacto fiscal, debido a dos factores. El primero es que el Gobierno nacional (ministerios y sus agencias) recibirá menos dinero pues lo recaudado por IGV se destina a su presupuesto. Eso significa que tendrá que buscar fuentes de financiamiento alternativas para cubrir ese forado, que según el extitular del MEF, Waldo Mendoza, suma por lo menos S/10,000 millones anuales. Sería utópico esperanzarse en un salto estelar de la recaudación, de modo que la salida sería emitir deuda, lo que engrosará la carga fiscal a mediano plazo.
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El otro factor es la escasa eficiencia presupuestal de los gobiernos locales. ¿Qué sentido tiene darles más dinero si no ejecutan en su totalidad los que tienen presupuestados para obras públicas? Encima, los alcaldes no suelen rendir cuenta de su trabajo, a diferencia de ministros y reguladores. En suma, se trata de una medida populista dictada por el Congreso. Dado que la autógrafa de la ley respectiva ha sido bendecida por Pérez Reyes, es muy probable que la presidenta la promulgue.
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En cuanto a la meta fiscal, si bien el déficit fiscal de 2.2% del PBI proyectado por la gestión de José Salardi era poco realista, fijarlo en 2.8% del PBI, como ha anunciado Pérez Reyes, implicará un gasto exageradamente mayor. En definitiva, el nuevo titular del MEF no será guardián del tesoro público.
