La reciente orden de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación ha hecho explotar un nuevo conflicto al interior de nuestro sistema de justicia. No solo se ha vuelto a poner en jaque la estabilidad de este último, sino que, una vez más, se afecta negativamente la percepción dentro y fuera del país sobre la seriedad e institucionalidad de nuestros organismos judiciales, lo que nos afecta a todos.
El último viernes la JNJ declaró la nulidad del segundo procedimiento disciplinario que pesaba contra Benavides (antes había hecho lo mismo respecto de un primer procedimiento). Este es el caso en el que se sancionó a Benavides por haber destituido, como fiscal de la Nación, a la fiscal superior que venía investigando a su hermana por corrupción, y reemplazarla por otro fiscal, que pidió que se archive el caso.
Lo controversial de esta decisión ha sido el hecho de reponer a Benavides en su cargo de fiscal de la Nación, y no solo como fiscal suprema. A partir de allí, se ha desatado un debate jurídico en el que por un lado se argumenta que la JNJ ha llegado a esta decisión como consecuencia inevitable de haber declarado nulas las sanciones que pesaban sobre Benavides.
Sin embargo, por otro lado se sostiene que la JNJ debió, en todo caso, limitarse a reponer a Benavides como fiscal suprema, dado que la Junta de Fiscales, que es la competente para nombrar al fiscal de la Nación, ya ha elegido recientemente a Delia Espinoza, regularmente y por un nuevo período. Distinto sería el caso, explican, si aún estuviéramos en el período en el que, como consecuencia de la salida de Benavides, tuvimos a un fiscal de la Nación interino.
Por otro lado, existe también un cuestionamiento sobre si esta decisión se tomó o no por unanimidad, un requisito exigido por la ley. No obstante, en este caso, no queda claro si se ha cumplido, pues solo seis de los siete magistrados firman la resolución.
Ayer, luego de que Benavides ingresara por la fuerza a las oficinas del Ministerio Público, se desataron momentos de tensión e incertidumbre que jamás deberían verse en un Estado de derecho. Tras varias horas, Espinoza emitió un pronunciamiento en video, dando a entender que no se acataría la orden del JNJ y denunciando un intento de ‘golpe a la democracia’. Luego, la Fiscalía anunció que Benavides sería repuesta en el cargo de fiscal suprema.
Más allá de cómo termine resolviéndose esta controversia, que probablemente llegará al Tribunal Constitucional, resulta bastante vergonzoso que tengamos autoridades dispuestas a someternos a este tipo de escándalos solo para obtener más poder. ¿Qué imagen dejamos ante el mundo?
