La semana pasada, cuando Donald Trump retrocedió con sus aranceles recíprocos (excepto para China), mantuvo una tasa mínima de 10% para casi todo el resto del mundo, incluido el Perú, que ya enfrentaba ese arancel desde el 5 de abril –excluidos ciertos subproductos mineros–. Pero esa tregua solo durará 90 días. En esta columna, nos preguntamos si las nuevas reglas del juego serán amenazas, caos, corrección y renegociación, y advertimos que el Perú debe prepararse (Gestión 10/04/2025). A juzgar por la actitud de Trump y los mensajes que está emitiendo su Gobierno, parece que el tratado de libre comercio (TLC) que nuestro país tiene con Estados Unidos está en riesgo, a menos que se renegocie.
LEA TAMBIÉN: Confiep: Un llamado a la sociedad civil
El lunes pasado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), publicó un tuit que precisa que la tala y la minería ilegales en Sudamérica, en particular en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, exacerban la degradación ambiental y crean competencia desleal que daña a las empresas estadounidenses comprometidas con la provisión responsable y el cumplimiento de la legislación ambiental. La USTR tiene rango de ministerio y se encarga de negociar los acuerdos comerciales de su país.
LEA TAMBIÉN: Desafíos crecientes paralíderes empresariales: ¿Cómo navegar el entorno?
El mensaje se hace más claro en el último párrafo del tuit, pues asevera que los exportadores estadounidenses se ven perjudicados por esas actividades ilícitas, que distorsionan los mercados de commodities y reducen sus precios. Si bien resulta paradójico que el Gobierno de Trump se preocupe por el medio ambiente, es cierto que tiene la sartén por el mango y que buscará cualquier excusa para obligar a los países citados a negociar (o a ceder a sus presiones).
LEA TAMBIÉN: Empresas peruanas: ¿Cómo pueden enfrentar el nuevo escenario arancelario?
Sin embargo, es evidente que el Perú está haciendo muy poco, casi nada, para combatir la tala y la minería ilegales: los asesinatos de activistas forestales y trabajadores mineros quedan impunes –en ocasiones ni siquiera son investigados– y el Congreso ha estado legislando a favor de ambas actividades ilícitas.
LEA TAMBIÉN: Abastecer entidades o suministrar a ciudadanos: ¿Qué enfoque necesitamos realmente?
La misma falta de interés por mejorar se observa en temas que atañen directamente al TLC y que forman parte de informes anuales que elabora la USTR. El de este año, publicado el 1 de marzo, reitera problemas pendientes en el Perú como la piratería y la falsificación –menciona explícitamente a Gamarra y Polvos Azules– y la mejora de derechos laborales en sectores de exportación no tradicional, entre otros. El caso es que, ahora, el Perú tendrá que manifestar más que voluntad de cambiar la situación y deberá mostrar avances. Pero el Gobierno de Dina Boluarte no está preparado para tremenda tarea.
