Solo un día después de la condena al expresidente Martín Vizcarra, le tocó el turno a Pedro Castillo. En su caso, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en un adelanto de fallo, lo condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel. Dado que ya cumplía prisión preventiva, saldrá en libertad el 21 de mayo del 2034. Castillo fue sentenciado por el delito de conspiración para la rebelión, por su fallido intento de autogolpe, el 7 de diciembre del 2022. Fue detenido mientras se dirigía a la embajada de México, adonde quería huir tras constatar que nadie se sumó a su insurrección. Tenemos seis expresidentes presos.
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Dado que fue absuelto de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, no recibió los 34 años de cárcel que solicitó la Fiscalía, así que su defensa legal tendrá que meditar a profundidad la posibilidad de apelar la sentencia, pues analistas jurídicos la califican de “benigna”. La misma pena recayó en Betssy Chávez y Willy Huerta, entonces primera ministra y ministro del Interior. Chávez estaba con prisión preventiva, pero el Tribunal Constitucional dispuso su liberación, pese a las advertencias de que se fugaría, lo que efectivamente hizo, aunque optó por la vía diplomática, pues pidió asilo en la embajada de México, donde hoy se encuentra.
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Aníbal Torres, primer ministro hasta semanas antes de la conspiración, quien fungía de asesor de la PCM, fue condenado a 6 años y 8 meses. El fallo judicial indica que las ideas de Torres “fueron plasmadas” en el mensaje que Castillo leyó al mediodía del 7 de diciembre del 2022. Eran ideas retrógradas, anquilosadas en los años 70. El efecto inmediato de la condena a Castillo es que quedó inhabilitado de postular al Senado el 2026 –fue invitado a liderar la lista de candidatos de Juntos por el Perú–.
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Pero su Gobierno, que apenas duró un año, tres meses y diez días, sigue teniendo efectos. Castillo fue elegido por un electorado decepcionado con la manera en que el Estado manejó la pandemia, con la promesa de una nueva Constitución y mayor intervención estatal en la economía. Esto generó temores en la inversión privada, nacional y extranjera, lo que ralentizó la recuperación económica, tras la recesión del 2020, lo que redujo el PBI potencial del país. La desconfianza de empresas y familias cayó, y continúa volátil. El copamiento de ministerios con gente poco preparada y el aumento de la corrupción opacaron aún más un Gobierno sin rumbo. Su intento de golpe terminó en vacancia, y lo que vino, con Dina Boluarte, también fue terrible.
