Escribe: Carlos Casas Tragodara, profesor de la Universidad del Pacífico
En las últimas semanas han aparecido muchas opiniones acerca de la modificación del Foncomun. Algunas con mucho sustento, pero otras no tanto. En primer lugar, debemos decir que, en cuanto a las municipalidades, existe una elevada heterogeneidad. Es distinto si hablamos de una municipalidad rural o una urbana; otra división es si pertenece a Lima Metropolitana o no; una tercera, si se encuentra ubicada en una zona productora de recursos extractivos o no. Uno puede pensar en muchos criterios y encontrará, por cada uno de ellos, realidades muy disímiles.
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Tomemos dos casos para que se aprecie la disparidad observada. La municipalidad de San Marcos, en el departamento de Áncash, recibió el año 2024, S/ 22,761 por habitante. Analizamos al azar la municipalidad de Molino, en el departamento de Huánuco. El presupuesto per cápita allí fue de S/ 669 para el mismo año. ¡La diferencia es de 34 veces! ¿Quién crea esta distorsión? El canon. Este recurso se concentra en las zonas productoras y genera una gran desigualdad fiscal.
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Para seguir con nuestro ejemplo, el presupuesto de San Marcos fue de S/ 490 millones. De este total, el 98% provino de transferencias y el 97% específicamente del canon. Por otro lado, la municipalidad de Molino tuvo un presupuesto de poco más de S/ 8 millones, donde el 80% proviene de transferencias y el 73% del Foncomun, en este caso.
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En primer lugar, las cifras revelan la alta dependencia de las transferencias por parte de estas municipalidades. Sin ellas, no podrían existir. Por el lado de la disparidad, esta debe ser compensada a través de otras transferencias. Lamentablemente, la distorsión creada por el canon no se corrige con el Foncomun, porque ambos tienen más o menos los mismos criterios de reparto. Un aspecto que surge aquí es la generación de recursos propios por parte de las municipalidades. Pero debemos tener en cuenta que, en muchos casos, la capacidad de pago es muy baja y las transferencias sirven para brindar recursos mínimos que aseguren una provisión de servicios de una calidad mínima a la población. Es cierto que la realidad dista mucho de la teoría, por todos los casos que aparecen casi a diario.
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Sin embargo, ¿Debemos concluir que hay que re-centralizar el país? No lo considero viable. El país aumentaría exponencialmente su nivel de conflictividad, lo que generaría serios problemas para la viabilidad del país. La tendencia mundial es hacia una mayor descentralización. Si esto se convierte en algo beneficioso para la población es otra cosa y depende, como siempre, de variables como el liderazgo de alcaldes con visión de desarrollo local, y de las instituciones, entendidas –en sentido económico– como las reglas que estructuran las acciones repetitivas de los agentes económicos. Lo que falta es cuantificar esos efectos: otra de las tantas tareas pendientes en nuestro país.
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Entonces, ¿qué hacer? De los dos casos mencionados, la gran mayoría corresponde a municipalidades como la de Molino, que, con S/ 8 millones, no alcanza a brindar casi ningún servicio. Son las que se deben apoyar, brindar asistencia técnica de calidad –algo que no se ha hecho en absoluto y que es responsabilidad del nivel nacional– y otorgar fondos que cofinancien los proyectos y servicios que necesita la población.
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Como se observa en esta compleja realidad que hemos tratado de resumir, se requería trabajar con mucha precisión. Necesitábamos muy buenos cirujanos que operaran con los mejores bisturíes, si usamos una analogía del ámbito médico. Sin embargo, el Congreso de la República ha optado por el hacha, cuando ha aprobado la ley de aumento del Foncomun.
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Esto es contraproducente, porque a todos los distritos se les duplicará lo que reciben del Foncomun en un lapso de cuatro años. En los casos mostrados, probablemente el distrito de Molino lo necesita; San Marcos, definitivamente no. Estamos aplicando una medida homogénea y universal sobre un grupo totalmente heterogéneo. Esto traerá más problemas, con toda seguridad.
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Por otro lado, uno de los riesgos de la descentralización es que, cuando esta es fiscalmente mayor, el Gobierno central pierde su capacidad de hacer política contracíclica, de tal forma que pueda hacer frente a shocks que puedan ocurrir en el futuro, como lo fue la covid. Otro problema es que la dependencia de las transferencias será mayor, y ello reduce el incentivo a generar recursos propios, lo que atenta contra la transparencia y la responsabilidad fiscal.
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Como siempre, en el Perú creemos que las cosas se resuelven con nuevas leyes, y nada más falso que eso. Tenemos muchos ejemplos de leyes que no se cumplen y otras, como la que acaba de aprobar el Congreso, que va a agravar la situación del país. No solo en lo fiscal, de lo que tanto se ha hablado –y con lo que concuerdo totalmente–, sino también en otros aspectos como la gobernabilidad, el conflicto, el desorden y la desatención a las necesidades de las personas. Esto debe parar.
Profesor de la Universidad del Pacífico.
