Escribe: Omar Mariluz Laguna, director periodístico
Desde que asumió la cartera de Economía y Finanzas, José Salardi ha marcado una clara distancia con las políticas de su antecesor, José Arista. Mientras este último se caracterizó por su resistencia a conceder beneficios tributarios, aunque terminó cediendo a las presiones políticas, el nuevo titular del MEF ha optado por una postura más proactiva en favor de la inversión privada, impulsando incentivos que alivian la carga fiscal de los empresarios.
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Uno de los primeros gestos de Salardi fue el anuncio de que el drawback, un beneficio aduanero para exportadores, no sería eliminado en julio de este año, como había dispuesto Arista mediante decreto supremo. Su argumento principal es la incertidumbre global y los cambios en el comercio internacional, reforzados por el “efecto Trump”, que podrían complicar el escenario para las exportaciones peruanas. Desde esta perspectiva, mantener el drawback ayudaría a preservar la competitividad del sector.
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Sin embargo, esta decisión implica renunciar a una recaudación adicional de S/ 1,770 millones entre 2025 y 2026, recursos que habrían servido para reducir el déficit fiscal. Y este no es el único punto en el que Salardi ha tomado una dirección distinta. También ha mostrado su apoyo a la nueva ley de promoción agraria, que restituye beneficios tributarios al sector agroexportador, pese a que el MEF de Arista estimó que su costo fiscal ascendería a S/ 1,850 millones anuales y S/ 20,000 millones en los 10 años que duraría la medida.
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Las diferencias entre ambos ministros también se evidencian en las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Mientras Arista defendía una tasa mínima de impuesto a la renta del 5%, Salardi ha optado por una exoneración total (0%). “Hoy no recaudamos nada”, ha justificado el ministro, convencido de que esta medida incentivará la inversión en estas zonas.
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Además, Salardi ha manifestado su intención de otorgar beneficios tributarios al sector forestal y acuícola, con la expectativa de fomentar su crecimiento y contribuir a la meta de expansión económica del 4% para este año. No obstante, la pregunta clave es si estas medidas serán suficientes para dinamizar la inversión privada en un entorno marcado por la incertidumbre preelectoral del 2025, el auge de la criminalidad y una justicia poco predecible.
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Si bien los incentivos tributarios pueden ser una herramienta útil, no son la única variable que los inversionistas consideran al tomar decisiones. La estabilidad política, la seguridad jurídica y la previsibilidad del entorno económico juegan un rol igualmente crucial. Además, apostar de lleno por exoneraciones y reducciones impositivas incrementa la presión sobre el MEF para reducir el déficit fiscal del 3.6% al 2.2% del PBI, un objetivo ambicioso en un contexto de crecientes demandas de gasto público.
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El reto de Salardi será encontrar el equilibrio entre fomentar la inversión y cuidar la caja fiscal. Con un Congreso siempre dispuesto a aprobar medidas populistas (ver página 2) y una presión social creciente, su mayor desafío será aprender a decir “no” en los momentos clave, aunque eso eventualmente le pueda costar el puesto.
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
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