
Escribe: Carlos Rodríguez Summers, socio líder de Consultoría Tributaria en KPMG en el Perú
La función de la Sunat es vital para el desarrollo del país. Su labor de fiscalización y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias es fundamental para el sostenimiento del Estado. Esta tarea, por su naturaleza, exige un apego estricto a la normativa tributaria y una sólida base técnica, alejada de cualquier presión recaudatoria. Lamentablemente, en los últimos años, se percibe un preocupante retroceso en este aspecto, que genera inquietud en el empresariado y amenaza la estabilidad económica.
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Hubo un tiempo en que la Sunat mostraba avances significativos en la capacitación de sus auditores y en la aplicación de criterios técnicos. Hoy, la situación es distinta. Las fiscalizaciones parecen más orientadas a cumplir con cuotas de recaudación que a garantizar una aplicación justa y coherente de la ley. Esta percepción se ha generalizado al punto que la recepción de una carta de inicio de una fiscalización ya no genera la expectativa de un proceso técnico, sino una sensación de pánico ante un resultado impredecible.
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Incluso, en ocasiones, el fisco contradice abiertamente sus propios pronunciamientos y la jurisprudencia, aplicando criterios antitécnicos y arbitrarios. Este actuar socava la confianza de los contribuyentes y los puede dejar en un estado de indefensión legal y financiera.
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¿Qué se busca con este tipo de comportamiento? La consecuencia directa de fiscalizaciones que carecen de un sentido técnico es el cobro arbitrario de impuestos en importes que resultan absurdos. Estos montos desproporcionados pueden llevar a las empresas a situaciones de crisis financieras irreversibles, empujándolas incluso a plantearse escenarios de insolvencia. En un giro irónico y perverso, la Sunat (el Estado) termina liderando inmerecidamente la mesa de acreedores; una expropiación encubierta, un verdadero despropósito.
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Esto no es nuevo, ya lo vimos con importantes empresas que, agotadas por el maltrato y la incertidumbre, optaron por retirarse del país. Y lo estamos presenciando nuevamente con otros contribuyentes que sufren la “capacidad inventiva” del fisco, que genera situaciones que ni la IA sería capaz de justificar mínimamente.
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La finalidad de los impuestos no es controlar al contribuyente. Por el contrario, a través del pago de impuestos, el contribuyente cumple su deber de contribuir con el Estado a financiar su actuación y cubrir las necesidades públicas de la comunidad. En esencia, el Estado está al servicio de la comunidad, no para controlarla ni asfixiarla. Ya no estamos en la época feudal.
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Si la Sunat mantiene una conducta antitécnica y abusiva, matará a la gallina de los huevos de oro. Asfixiará a los contribuyentes y empresarios formales, quienes hoy son los únicos que sostienen la economía. La estabilidad del país depende en gran medida de un ambiente tributario predecible, justo y técnicamente sólido. Es imperativo que la Sunat retome el camino de la objetividad y la legalidad, de la institucionalidad perdida, garantizando un marco de confianza que fomente la inversión y el crecimiento, en lugar de sembrar incertidumbre y desconfianza.