El contexto internacional difícilmente podría ser más favorable para el Perú. El cobre y el oro cotizan en niveles récord, y la transición energética impulsa una creciente demanda por el metal rojo, nuestro principal producto de exportación. Sin embargo, esta bonanza no se está traduciendo en nuevos proyectos. Mientras nuestros competidores adoptan medidas ambiciosas para atraer inversiones, el Perú permanece como un simple espectador.
Argentina ofrece quizá el ejemplo más contundente. Doce proyectos ya fueron aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, promovido por el Gobierno del presidente Milei, por unos US$ 21,000 millones, incluidos compromisos de gigantes como BHP y Rio Tinto. Sin una tradición ni un ecosistema minero comparables a los del Perú, el caso argentino demuestra que las políticas adecuadas pueden movilizar capital de gran escala.
Chile también ha tomado nota. Su reciente “megarreforma” económica prevé una reducción gradual del impuesto corporativo y una profunda simplificación administrativa para acelerar la inversión. También evalúa incentivos a la exploración inspirados en Canadá y Australia, así como una reforma del mercado de capitales para facilitar el financiamiento de empresas mineras junior. El mensaje es claro. En la carrera por capitales mineros, nadie espera.
El contraste con el Perú preocupa. Aunque aún hay inversión minera, esta se concentra principalmente en proyectos brownfield destinados a sostener u optimizar operaciones existentes. La ausencia de proyectos greenfield capaces de elevar significativamente la producción, en un escenario externo tan propicio, evidencia que hemos perdido atractivo frente a otros destinos, sin que se adviertan esfuerzos por revertir esa tendencia.
Durante el último superciclo, el Perú atrajo miles de millones de dólares para desarrollar Toromocho, Las Bambas, Constancia y la ampliación de Cerro Verde, proyectos que duplicaron la producción nacional de cobre e impulsaron nuestro crecimiento. Sin embargo, desde la puesta en marcha de Quellaveco, hace ya varios años, ningún proyecto de esa envergadura ha iniciado operaciones, pese a los altos precios.
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Las trabas son conocidas. La tramitología prolonga los plazos, la minería ilegal erosiona la institucionalidad y los conflictos sociales siguen sin una gestión eficaz. La falta de coordinación estatal completa un entorno poco predecible para comprometer capital de largo plazo.
El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de aplicar medidas concretas para promover la inversión minera. Simplificar permisos, ordenar competencias, fortalecer al Ministerio de Energía y Minas, combatir frontalmente la minería ilegal e incentivar la exploración son pasos impostergables. No se trata de reducir estándares ambientales o sociales, sino de ofrecer reglas claras, plazos razonables y seguridad jurídica.
La minería ha sido uno de los principales motores del progreso peruano. Es momento de decidir si volvemos a crear las condiciones para impulsar una nueva generación de proyectos mineros o si seguimos mirando desde la tribuna mientras la próxima ola de capitales se dirige hacia nuestros vecinos.
Marcial García es socio de Impuestos de EY Perú.
