1. Vemos con alarma cómo algunos organismos reguladores abandonan el rigor técnico para adoptar posturas populistas al momento de determinar los ajustes de las tarifas de los servicios públicos.
2. El análisis tarifario no puede reducirse a ver si los precios de los servicios suben o bajan en el corto plazo. El objetivo central debe ser que las tarifas cubran costos eficientes reales, garanticen la recuperación de la inversión y preserven la calidad de los servicios públicos. Cuando las tarifas se fijan por debajo de ese equilibrio, el alivio inmediato para el usuario suele convertirse en menor cobertura, redes deterioradas y mayor riesgo fiscal para el Estado.
3. El año pasado lo vimos con Sunass y las tarifas del agua: una fijación arbitraria donde el Estado asfixió al propio Estado (Sedapal), afectando la viabilidad de las EPS a nivel nacional. Los dolientes somos los peruanos condenados a una precaria infraestructura sanitaria cuya brecha jamás se cerrará sin inversión privada.
4. En el sector energético, el Osinergmin repite el mismo patrón. La reciente revisión para el periodo 2026-2030 del Valor Agregado de Distribución (VAD), mecanismo que remunera inversiones y costos eficientes en la distribución eléctrica, sorprendió al mercado. En efecto, la prepublicación que hizo el organismo regulador para las empresas Pluz, Luz del Sur y Electrodunas plantea una reducción promedio del VAD de 20%, rebaja que no responde a ganancias reales de eficiencia por lo que –de mantenerse– desincentivará futuras inversiones en redes eléctricas.
5. El desincentivo surge de la brecha entre la hipotética “empresa modelo eficiente” que utiliza el regulador y las condiciones reales que enfrentan las distribuidoras. El Osinergmin reduce las tarifas al no reconocer todas las inversiones, unido a estimaciones de demanda irreales y condiciones de operación lejanas de la realidad. En esas condiciones, cada kilometro adicional de red puede generar pérdidas económicas a los inversionistas, lo que debilita los incentivos para ampliar cobertura, mejorar infraestructura o innovar.
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6. El problema no se limita al sector eléctrico. La experiencia regulatoria en gas natural sugiere un patrón de decisiones tarifarias que priorizan reducciones de corto plazo aun cuando los costos operativos aumentan. En las fijaciones más recientes de Quavii en el norte y Contugas en Ica, el Osinergmin redujo las tarifas de distribución pese al incremento de costos. ¿Cómo se puede exigir mejores estándares de calidad de servicio si no se reconoce tarifariamente el costo necesario para alcanzarlos?
7. La gobernanza de los organismos reguladores debe ser revisada a fin de corregir la peligrosa deriva populistoide que se viene registrando ya hace un tiempo. Tenemos funcionarios tomando decisiones discrecionales de carácter populista cuyo costo no será pagado por ellos, sino por el país entero. Acabemos con esta asfixia regulatoria y recuperemos la predictibilidad. Sin reglas claras no hay inversión, y sin inversión, apagaremos el Perú.
Carlos E. Paredes es director de Intelfin y docente de la U. Continental
