Escribe: Omar Mariluz, director periodístico de Gestión.
Hay decisiones de gobierno que dejan una huella de ineficiencia. Otras, de descaro. Y algunas, como la reciente del ministro de Salud, César Vásquez, de abierta irresponsabilidad. En una jugada que desafía toda lógica técnica y sentido común, el titular del Minsa se tumbó un préstamo del Banco Mundial por más de 300 millones de soles, destinado a construir un centro nacional de epidemiología en Chorrillos, además de laboratorios y centros macrorregionales para preparar al país frente a futuras pandemias. ¿El motivo? La negativa del organismo multilateral a aceptar que el proyecto fuese dirigido por una funcionaria cuestionada: Consuelo Perales Mesta.
Como reveló Cuarto Poder, Perales no solo carece de experiencia en la gestión de proyectos de alto nivel. También tiene en su historial una investigación abierta por presunta malversación de fondos durante su paso por el Hospital Regional de Lambayeque. Su absolución fue anulada y, según el Poder Judicial, existen elementos para reabrir el juicio por el daño patrimonial causado. Aun así, el ministro ha decidido hacer de su permanencia una causa personal.
Consuelo Perales es docente de la Universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso, el partido de Vásquez. Todo parece indicar que la defensa cerrada de su cargo no responde a criterios de mérito, sino de lealtades partidarias. Y esa es la tragedia.
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En lugar de reconocer la necesidad de contar con un equipo técnico de primer nivel —como exige el Banco Mundial—, el ministro decidió presentar la situación como un acto de soberanía. “No vamos a permitir que nos impongan funcionarios”, dijo, como si estuviéramos frente a una invasión extranjera y no a una entidad multilateral que apoya con préstamos blandos a países en vías de desarrollo. El BM no impone, exige estándares. Y eso, para este gobierno, es inadmisible.
El resultado es vergonzoso: Perú pierde una fuente de financiamiento para levantar infraestructura sanitaria clave, justo en un contexto donde el mundo se prepara para nuevas pandemias derivadas del cambio climático. Y lo peor es que el ministro no solo no lo oculta, sino que lo celebra. En un reciente discurso, se ufanó de haber “parado al Banco Mundial” y de que ahora el proyecto se hará con recursos públicos. Pero nadie explica cómo, ni cuándo, ni bajo qué modalidad. Ni siquiera queda claro si se hará. Lo único cierto es que se ha ejecutado apenas el 8% del proyecto y que el país tendrá que devolver 24 millones de soles ya desembolsados sin colocar una sola piedra.
El MEF, consciente del impacto que tiene esta decisión en la credibilidad del país ante los organismos internacionales, ha solicitado explicaciones formales al Minsa.
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Mientras el ministro insiste en que lo suyo no es una decisión política, los hechos dicen otra cosa. Romper un acuerdo de cooperación internacional por insistir en mantener a una persona investigada en un cargo técnico es, en esencia, hacer política con la salud pública. Y eso no es soberanía: es mezquindad.
Al sacrificar un centro epidemiológico por la permanencia de una funcionaria cuestionada, el ministro no solo ha perjudicado a millones de peruanos. Ha evidenciado también cómo opera este gobierno: primero los suyos, luego los demás. Y si hay que pagar el precio de un retroceso en la modernización sanitaria para proteger a los propios, se paga. Total, los que pierden no son ellos. Somos todos los demás.
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
