Escribe: Omar Mariluz Laguna, director periodístico
Hay fotos que envejecen mal y otras que nacen caducas. La imagen de la instalación del “Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible” pertenece a la segunda categoría. Ver al Gobierno y a los titulares de los poderes del Estado prometiendo solemnemente proteger la estabilidad macroeconómica sería conmovedor, si no fuera porque los protagonistas de la foto son, en gran medida, los arquitectos del descalabro que hoy juran reparar.
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En esa mesa, la ministra de Economía, Denise Miralles, habló de “debilitamiento fiscal” con la mirada puesta en un horizonte nublado. A su lado, el presidente de la República, José Jerí, asentía. Olvidamos rápido, pero no deberíamos: antes de llegar a Palacio, Jerí presidió la Comisión de Presupuesto del Congreso, desde donde se validaron no pocos excesos. Y frente a ellos, Ilich López, acudiendo en representación del Legislativo, el mismo fuero donde él, desde la Comisión de Economía, promovió iniciativas que hoy drenan la caja fiscal. Completaba el cuadro la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco. Todos rostros de un sistema que ha convertido el presupuesto público en su botín electoral.
El monstruo del populismo fiscal no se escapó por accidente; le abrieron la puerta. El TC debe corregir su interpretación del artículo 79 antes de que hipotequemos el país hasta el 2036.
La realidad desmiente a la foto. En sus poco más de dos meses de gestión, el Gobierno de Jerí ha visto cómo el Congreso aprobaba 17 leyes populistas que generan gasto directo. ¿Su respuesta? La misma que la de su antecesora, Dina Boluarte: ponerse de perfil. Al no observar estas normas, el actual presidente confirma que, para sobrevivir en el cargo, ha decidido alimentar al monstruo en lugar de combatirlo. Cambian los nombres en Palacio, pero la claudicación ante el populismo se mantiene intacta.
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Pero no nos engañemos: el monstruo no se escapó solo por la debilidad del Ejecutivo; la puerta la abrió el TC. En noviembre del 2022, el TC emitió una sentencia que dinamitó el espíritu del artículo 79 de la Constitución. Ese artículo prohibía a los congresistas tener iniciativa de gasto. Sin embargo, el TC decidió –en un alarde de creatividad jurídica– que el Congreso sí podía gastar siempre y cuando no afectara el presupuesto del año “en curso”.
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Desde entonces, el costo anual de las leyes por iniciativa del Congreso asciende a S/ 35,000 millones, según el Consejo Fiscal. De seguir esta fiesta, la deuda pública podría escalar al 70% del PBI en apenas diez años.
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Quien no estuvo en la foto, pero sí puso la nota de realidad un día después, fue Julio Velarde. El viernes, el presidente del BCR advirtió que las normas del Congreso ponen en riesgo la estabilidad fiscal y los servicios básicos. Su ausencia en la reunión protocolar y su contundencia posterior confirman que la tecnocracia seria ya no cabe en la foto oficial del populismo.
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El “Acuerdo Fiscal” es papel mojado si no se ataca la raíz. No necesitamos más mesas de diálogo; necesitamos que el TC rectifique su error histórico y vuelva a prohibir tajantemente la iniciativa de gasto parlamentaria. Deben volver a encerrar al monstruo. Mientras eso no ocurra, y mientras nuestros políticos sigan legislando para las tribunas con la billetera ajena, cualquier acuerdo será solo una pausa para la foto antes del siguiente incendio.
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El problema no es que falten pactos. El problema es que sobra populismo. Y alguien dejó la jaula abierta.
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
