Escribe: Enrique Castillo, periodista.
El monumental y descarado fraude perpetrado en Venezuela el mismo día de las elecciones ha sido, a pesar de las legítimas esperanzas (que es lo último que se pierde), la comprobación en los hechos de que Nicolás Maduro no iba a dejar el poder bajo ninguna circunstancia, y estaba dispuesto a todo con tal de aplastar la vibrante arremetida de una oposición que se manifestó en el coraje y la fuerza de los dirigentes, así como en la valiente participación y el decidido voto de los ciudadanos venezolanos.
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Mención aparte merece la unidad de la oposición, que si bien es cierto ha sido posible por un enemigo común bien identificado, debe servir de ejemplo para países como el nuestro en donde los egos y las posiciones mesiánicas pueden posibilitar el protagonismo de radicales y autoritarios de derecha o de izquierda.
El control que el régimen de Nicolás Maduro ejerce sobre las instituciones (¿?) electorales y otras estatales, y sobre el uso de la fuerza oficial y no oficial, le permite hacer lo que quiera sin ningún pudor ni vergüenza, convirtiendo una catastrófica derrota en un inverosímil triunfo.
Este hecho ha puesto sobre la mesa una serie de temas que deben ser seriamente analizados.
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En primer lugar, la ingenuidad de quienes creyeron que Nicolás Maduro iba a cumplir con garantizar elecciones imparciales y transparentes o medianamente tolerables. Y no nos referimos a ciudadanos como usted y como nosotros, sino a los gobiernos que de alguna manera relajaron las sanciones y negociaron con el régimen venezolano para obtener ventajas petroleras.
Un segundo aspecto es la inoperancia de los organismos internacionales y multilaterales, y de todos los acuerdos y cartas democráticas que se han firmado. Más allá de pronunciamientos, comunicados, amenazas públicas, y de sesiones que sólo sirven para que coyunturalmente se manifiesten, formal o histriónicamente, las predecibles posiciones de los gobiernos que forman parte, no hay ninguna capacidad para enfrentar con eficacia y resultados concretos y oportunos las intenciones y las ilegales y repudiables acciones de quienes no dudan en aplastar a sus instituciones, legislaciones y ciudadanos, con tal de hacerse del poder o quedarse con este.
La indignación y las altisonantes posiciones duran una semana o un mes, y después de eso cada país vuelve a su cruda realidad interna y la oposición y los ciudadanos del país afectado reciben “muestras” de solidaridad, una que otra ayuda, o quedan en el desamparo.
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Y un asunto ligado al anterior, es la polarización e intolerancia que se vive en esos organismos internacionales como la OEA, que ya no son foros de discusión y de intercambio de ideas para tratar de lograr acuerdos o soluciones consensuadas. Las posiciones y votaciones son absolutamente predecibles, y tienen resultados ya establecidos aún antes de que se produzcan los debates. Es muy fácil saber, dependiendo del país cuestionado, quienes estarán en contra, quienes a favor, o quienes se abstendrán en votaciones cruciales.
Los bloqueos o sanciones económicas (que se supone deben doler más) ya no son efectivas ni eficientes. Es más, son muy relativas. En un contexto en el cual el mundo se ha partido en tres, y donde los hegemónicos de cada grupo (Estados Unidos, Rusia y China) están enfrentados entre sí comercial y/o políticamente, las medidas, bloqueos o sanciones que pueda decidir o ejecutar alguno de ellos, pueden ser paliados, mitigados, burlados o “bloqueados” por los otros dos o cualquiera de estos, ofreciendo cierta tranquilidad a los autócratas.
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Pero, además, estas sanciones y/o bloqueos son muchas veces relativizados o relajados temporal o definitivamente por los mismos sancionadores, dependiendo de la situación mundial o de las necesidades que ellos tengan, como en el caso del petróleo.
Con el apoyo de alguno de los grandes, la total inoperancia de los organismos internacionales, la polarización e intolerancia existente, y el fracaso de las sanciones o bloqueos, ¿qué les queda a los ciudadanos de un país como Venezuela, o de cualquier otra nación, para librarse de un régimen autoritario o dictatorial de cualquier signo?
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Y ahí vienen otros temas más para el debate. Después de estas elecciones con resultados “oficiales” reconocidos por varios países, ¿será el régimen de Maduro una dictadura que se mantiene viva por un fraude, o será un gobierno elegido democráticamente pero con cuestionamientos?
Con la fuerza de la oposición y la desesperación de la población venezolana ¿se justifica una insurgencia popular y el derrocamiento de Nicolás Maduro por la fuerza, en un enfrentamiento de la población con las fuerzas armadas y policiales venezolanas, o a través de un golpe de Estado ejecutado por los militares?
En una situación de insurgencia popular y de enfrentamiento de la población con las fuerzas del orden, ¿se justificaría el apoyo y la ayuda logística de cualquier tipo que puedan dar otros países?
Maduro tiene que irse, el asunto es ¿cómo? Quizás la solución más que institucional o violenta es la de tenderle a él y sus secuaces un “puente de plata” para que se vayan a “disfrutar” de algún exilio hasta que la justicia los alcance.
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