Escribe: Elena Conterno, especialista en políticas públicas.
La minería es uno de los principales motores productivos del desarrollo económico y social del Perú. En la última década, ha contribuido de manera directa con cerca del 60% de las exportaciones, el 11% de la inversión privada, el 11% de la producción nacional, el 8% de los ingresos fiscales y el 5% de la fuerza laboral. Además de su aporte directo, los encadenamientos de la minería con otros sectores productivos revelan importantes efectos adicionales. Por ejemplo, se calcula que por cada empleo directo en minería se crean ocho puestos de trabajo adicionales en otras actividades de la economía (IPE, 2021). Y todo ello se da por el valor que tienen los minerales en la economía mundial, como insumo de múltiples equipos industriales y personales, y en particular facilitando la transmisión de energía, tan necesaria para hogares e industrias.
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En las últimas décadas, el mayor desarrollo de esta actividad económica vino acompañado de estándares ambientales, laborales y de relacionamiento comunitario cada vez más elevados, en parte por ser lo usual en empresas mineras globales que ahora invierten en Perú, por los mayores compromisos con la sostenibilidad de los empresarios y también por mayor regulación. Hoy, las grandes empresas mineras del Perú tienen una verdadera talla mundial, con muy altos estándares en uso del agua, en relacionamiento con las comunidades, entre otros.
Sin embargo, muchas veces en la vecindad de sus operaciones se ha venido desarrollando otra minería, con bajísimos estándares y con encadenamientos nada santos. Como destaca Videnza, la minería ilegal es un problema creciente asociado al crimen, corrupción, daño ambiental, explotación laboral y grandes intereses políticos. En la misma línea, el IPE señala que tiene efectos nocivos sobre el empleo, la economía, el bienestar de los ciudadanos, el cuidado del medio ambiente y de las comunidades.
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Un caso preocupante es la minería ilegal que viene creciendo en Pataz, que no se da en la vecindad sino dentro de las operaciones de empresas mineras formales. Como destacó El Comercio hace unos días, los mineros ilegales avanzan por túneles clandestinos usando dinamita y armamento de guerra para interceptar operaciones formales, secuestrar al personal, invadir las galerías y robarse el mineral. Y esto se da dentro de concesiones mineras asignadas a empresas formales hace más de 40 años. Ello, a vista y paciencia de las autoridades, a pesar de que la zona lleva casi 5 meses en estado de emergencia y de que ya ha habido 17 personas fallecidas.
Penosamente, el avance de la minería ilegal se viene dando con el aval de nuestros políticos, en particular de congresistas y también gobernadores y alcaldes. Lamentablemente, no sería de extrañar que mercenarios y políticos financiados por las mafias de la minería ilegal estén detrás de las paralizaciones de proyectos mineros de empresas formales.
En este escenario sombrío, es buena la noticia de que se reinicia la construcción del proyecto minero Tía María, el cual estaba en compás de espera hace más de 16 años. Bien que el Ministro de Energía y Minas esté impulsando y acompañando decididamente este reinicio; ojalá sea respaldado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y la presidenta Dina Boluarte, y ojalá el reinicio de Tía María gatille el reinicio de otros proyectos que siguen paralizados a pesar de tener todas las condiciones ambientales y sociales necesarias para empezar a brindar bienestar a las comunidades aledañas y el país entero.
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Las mafias de la minería ilegal lamentablemente han avanzado mucho en el país, y están tratando de seguir haciéndolo. Por cierto, a la Oefa ni se le ve, a pesar de que en su calidad de ente rector de fiscalización ambiental debería ser protagonista en perseguir a los mineros ilegales, por todo el daño ambiental que ocasionan. Y también deberían ser protagonistas las fuerzas del orden y el Ministerio Público, pues existiría una organización de crimen organizado cometiendo serios delitos. Los esfuerzos de interdicción son muy limitados y, peor aún, los pocos delincuentes que llegan a ser detenidos quedan libres en pocos días.
Estas mafias están detrás de la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que lamentablemente les facilita actuar con impunidad, para lo cual ya habría un proyecto en la Comisión Permanente del Congreso. Según coinciden diversos especialistas, resulta clave que en el corto plazo pongamos fin al Reinfo y establezcamos un sistema de trazabilidad en la cadena de extracción y procesamiento del oro.
Como ciudadanos estemos atentos a la actuación del Poder Ejecutivo en acompañar e impulsar proyectos mineros formales así como el sistema de trazabilidad del oro; en la de Oefa, las fuerzas del orden y el Ministerio Público en perseguir daños ambientales de la minería ilegal; y, en la de los congresistas en no prorrogar el Reinfo. Ojalá se haga el milagro y podamos reencaminar la actividad minera, frenando la ilegal que viene con crimen, corrupción, y daño ambiental, e impulsando la formal, de altos estándares ambientales, laborales y sociales.
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