Escribe: Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República
La minería es la principal fuente de ingreso de divisas que tenemos en el Perú. También es el sector que más impuestos paga. Si dejamos que cada año la minería ilegal aumente su capacidad de producción sin pagar sus impuestos, regresaremos de frente a las crisis de balanza de pagos y de presupuestos que el país experimentó durante muchos años de inestabilidad financiera.
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Hoy, la exportación estimada de oro proveniente de la minería ilegal genera US$ 12,000 millones de ingresos de divisas informales. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), muchos de estos ingresos van directamente a los productores ilegales sin pasar por el sistema bancario. La mayoría de estos ingresos no paga impuestos a la venta ni regalías. La minería ilegal (también llamada “informal” y, en algunos casos, “ancestral”) ha recibido un enorme impulso en los últimos años por el fuerte auge de los precios internacionales del oro, causados en gran parte por la inestabilidad política en el mundo. Esta cifra es equivalente a la de las exportaciones de oro formal. Estamos perdiendo ingentes potenciales recursos tributarios, y el dinero que se genera termina yendo directamente a instituciones financieras en el exterior.
Los numerosos candidatos presidenciales y parlamentarios que se van a presentar en los próximos meses, deberían aconsejarse por técnicos profesionales.
¿Esta situación es grave? Lo es porque el Perú necesita más recursos tributarios para financiar todo lo que requerimos, desde vivienda social hasta hospitales y carreteras. Hoy se puede decir que el Perú exporta unos US$ 25,000 millones de oro, de los cuales la mitad es ilegal. Un sector próspero, como la minería ilegal, debería contribuir con su cuota tributaria y, al mismo tiempo, brindar a sus trabajadores la protección de un seguro médico y una pensión básica.
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Todo esto va de la mano con la informalidad inmensa que ha ido creciendo en los últimos años en casi toda nuestra economía. También está vinculada la informalidad con lo que pasa en Bolivia, que es la ruta de salida para una gran proporción de las exportaciones auríferas.
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¿De dónde viene este aumento? Se origina principalmente por las fallas en el mercado laboral, intensificadas en los últimos años, de tal manera que mucha gente no consigue trabajo, sobre todo en la sierra y la Amazonía. La minería ilegal es una solución parcial a ese problema. Además, mucha gente, probablemente la mayoría de la población, no ve que el Estado haga mucho por ellos: colegios en mal estado, hospitales conocidos por sus colas de espera más que por su profesionalismo médico, extorsiones a lo largo del país y alta criminalidad. Entonces, muchos se preguntan cuál es la ventaja de ser formal y la respuesta, lamentablemente, es que no hay grandes ventajas: la disyuntiva para muchos es ser legal y pobre o ser ilegal y quizás más próspero.
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En el caso de la minería de oro, la fórmula para transformarla en legal es una mezcla de medidas de fuerza con incentivos para ir de la informalidad a la formalidad. ¿Qué son medidas de fuerza? Obviamente son multas, incautaciones y hasta prisión. Pero como sabemos, este camino es muy difícil de implementar. Basta con saber que una buena parte de los miembros del Congreso tienen vínculos con la minería ilegal. Entonces tenemos que ir más allá de las medidas de fuerza, que son muy difíciles de implementar, como lo hemos visto en los últimos meses en Pataz.
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Más allá significa crear incentivos para que la formalidad no sólo sea legal, sino también beneficiosa. Hoy en día el Banco Central de Bolivia, que está virtualmente quebrado, compra el oro que le presentan. Eso mismo se hizo hace muchos años atrás, cuando yo era ministro de Energía y Minas, a través del Banco Minero. De esa forma podría pensarse, aunque requiere mucha reorganización, que los mineros ilegales podrían recibir un precio mucho mayor por su oro, más cerca del precio internacional, que lo que ahora reciben. No abogo porque nuestro Banco Central compre este oro ilegal, pero sí pienso que se debe organizar un sistema atractivo para que los mineros informales se legalicen. Los beneficios serían no solo para los mineros hoy informales o ilegales, sino también para el Estado, que con tanta dificultad recauda recursos. No tengo una solución fácil, pero creo que es imperativo empezar a trabajar antes de que la minería ilegal nos gane.
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No se podrá reducir la minería ilegal sin un plan que avance de región en región: primero se ordena una región y luego otra, con un equipo especializado y bien entrenado. No se puede simplemente mandar a la tropa y a unos policías entrenados para otras tareas. El programa de formalización debe proponer un arreglo: “yo te pago más por tu oro, pero controlo que cumplas la ley y no sigas contaminando ni explotando a tus trabajadores. Además, me comprometo a simplificar las leyes”.
Los numerosos candidatos presidenciales y parlamentarios que se van a presentar en los próximos meses, deberían aconsejarse por técnicos profesionales y así empezar a dar los primeros pasos para solucionar la situación muy difícil que vivimos. No debemos esperar más.
