Al cerrar este año nos vamos quedando con una sensación bastante desagradable como consecuencia de lo que vemos y oímos en los últimos meses, y que nos lleva a la conclusión de que estamos ante el más profundo y acelerado deterioro de la institucionalidad y de la política en el país.
Abundar en la debilidad del Estado o del Gobierno para hacer frente a la inseguridad y al avance de la delincuencia; en la renuncia voluntaria del Ejecutivo para observar y/o enfrentar la perniciosa andanada legislativa del Parlamento; en la falta de liderazgo y la incapacidad del Ejecutivo para la gestión gubernamental; en la renuncia voluntaria del Congreso para hacer control político; en el increíble número de congresistas denunciados, investigados, acusados, y/o blindados; en las cuestionadas y cuestionables reformas constitucionales y leyes aprobadas y promulgadas; en la crisis de Fiscalía o de la PNP; o en la voluntaria renuncia de todos los partidos y agrupaciones políticas a hacer una oposición responsable, firme y activa; sería realmente ocioso y repetitivo.
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Y si a esto le agregamos las denuncias que diariamente aparecen referidas a los (malos) manejos en o desde el Estado, producto de intereses personales o de grupos, así como por presiones de organizaciones o sectores ilegales y/o delictivos, que últimamente han terminado en sospechosas muertes, entonces podremos entender por qué ese sentimiento tan negativo o pesimista.
Este mayor y acelerado deterioro de la política ha ido, felizmente, por cuerda separada de la economía, que no ha corrido la misma suerte, por ahora. La fortaleza de los pilares macroeconómicos, los proyectos o inversiones comprometidos y ejecutados desde antes de este Gobierno, así como el profesionalismo del BCR han impedido que, hasta este momento, una, arrastre a la otra.
Es obvio que si la política (Ejecutivo y Congreso) hubiera estado en mejores manos, nuestra economía estaría en una mucho mejor situación, y las cifras de crecimiento serían muy superiores. Pero, hoy, a estas alturas y en nuestra situación política, sobre la economía es mejor no quejarse mucho, ¿se imaginan si Pedro Castillo o Dina Boluarte hubieran cambiado a Julio Velarde?, ¿qué va a ocurrir de ahora en adelante con todas las normas que ha dado el Congreso y que se meten en la economía con iniciativa de gasto, con una campaña electoral a cuestas, y con un gobierno que solo flota?
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En pocos días iniciamos un año que va a ser determinante para el futuro del país. Y no sólo porque muchos tendrán respuesta a su pregunta de si Dina Boluarte terminará o no su mandato (lo cual a estas alturas ya no cambiará en nada el cronograma), sino también porque vamos a saber si muchas fuerzas políticas van a ser capaces de dejar de lado su egoísmo y su complejo mesiánico para formar saludables y coherentes alianzas; sabremos, finalmente, quienes serán los candidatos; se marcarán las tendencias con mayores posibilidades para las elecciones; veremos hasta dónde es capaz de llegar el Congreso; comprobaremos cómo va a dejar el país el gobierno de Dina Boluarte; y veremos hasta dónde llega la capacidad de “aguante” de la población.
Esa población es la que, casi por unanimidad, rechaza y desaprueba la gestión de Dina Boluarte. Y es esa población la que va a elegir a quien nos gobernará a partir del 2026. Es esa población la que optará por una posición radical (de izquierda o de derecha), por una conservadora, o por una de centro (que algunos llaman “tibia”).
Hasta hace poco pensábamos que esa elección podría darse en medio de una discusión y enfrentamiento entre izquierda y derecha. Pero en los hechos, aquí en el país, las líneas ya no se distinguen muy bien.
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A la luz de los escenarios y deterioros descritos, y en términos de la percepción popular, ¿puede la población distinguir ahora entre Gobierno y oposición?; ¿se puede afirmar con claridad que este Gobierno es de derecha o de izquierda, y la oposición de izquierda o derecha?; ¿quién es el soporte del Gobierno de Dina Boluarte, la derecha o la izquierda?; ¿la política económica del Ejecutivo (Petroperú incluida) es de izquierda o de derecha?; a partir de lo hecho en el Congreso, ¿se puede distinguir que Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Avanza País, Somos Perú, Acción Popular, y otros, son de izquierda o derecha?; ¿quién es el responsable del deterioro actual, la izquierda o la derecha?, ¿las leyes aprobadas en el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo son de izquierda o de derecha?
Puede haber otros ejes de la discusión electoral, como los “antis”, pero también puede haber uno que tome como referencia a este Gobierno (Ejecutivo y Congreso), empaquetando a los que, al margen de su línea política-ideológica, la población considera que nos han llevado a este deterioro. Una especie de enfrentamiento electoral entre oficialismo versus oposición. Claro, una verdadera y consistente oposición, radical y opuesta a todo lo malo que se ha hecho en estos últimos años, y dispuesta a “limpiar” todo.
Y a ver quién genera mayor confianza. Quizás podría ser un criterio para formar las alianzas.
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