Escribe: Guillermo Boitano, director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima
Una de las necesidades básicas del ser humano es la salud; sin ella no hay capacidad para estudiar, trabajar o rendir adecuadamente en las labores diarias. La salud permite una buena calidad de vida, favorece el bienestar físico, mental y social, y fortalece la productividad y la cohesión social. Por su importancia, debe ser una responsabilidad del Estado, garantizando el acceso libre y universal a este derecho. Un sistema de salud adecuado prioriza la prevención, la equidad, la calidad de atención, el financiamiento sostenible y la gestión eficiente. Su función de prevención y promoción, así como la atención primaria, son indispensables para que los hospitales se concentren en los casos complejos.
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En este contexto, próximo a terminar el 2025, la estabilidad macro existente es un pilar fundamental de la economía peruana, pero no alcanza para solucionar uno de los problemas más importantes: el sistema de salud, que, actualmente, sigue fragmentado, con infraestructura insuficiente y falta de mayor talento humano. La pandemia lo dejó claro: camas críticas al límite, desabastecimientos y falta de especialistas. Aunque algunos indicadores mejoraron gradualmente, la capacidad de respuesta continúa retenida por tres anclas estructurales: subfinanciamiento, fragmentación y brechas de oferta. La pregunta es “¿se da abasto la salud pública?”, que expone una respuesta sobria: no.
El SIS cubre cerca del 62% de la población, EsSalud alrededor del 26% y los seguros privados el 8%. (Foto: Andina/ Referencial)
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¿Por qué se dice que el sistema está fragmentado? Porque conviven subsistemas que no comparten bien la capacidad y reproducen asimetrías territoriales: el SIS cubre cerca del 62% de la población, EsSalud alrededor del 26% y los seguros privados el 8%. Sin embargo, la participación privada no garantiza equidad ni calidad en la atención. Esta arquitectura segmentada duplica servicios en algunos puntos y deja otros desabastecidos, mientras el primer nivel no resuelve lo básico y deriva la mayoría a hospitales congestionados. El gasto total en salud bordeó el 6.2% del PBI (2022), según la OCDE, cifra aún inferior a la de otros países que están entre el 8 y 10%. El país opera con 1.2 camas, 1.6 médicos y 2 enfermeras por cada mil habitantes. Aunque hay unos 25,000 establecimientos y la mayoría vive a menos de 5 km de uno, muchos no funcionan 24/7, por lo que la cobertura “en papel” no equivale a acceso real. El resultado: cuellos de botella, alta ocupación, listas de espera, fuga de talento y saturación desigual por falta de integración.
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¿Qué hacer en este contexto? Fortalecer la atención primaria, ampliar plazas de residencia en especialidades críticas, ofrecer incentivos regionales y garantizar estabilidad laboral para retener talento. Centralizar las compras de medicamentos y equipos, impulsar la interoperabilidad digital (historias clínicas, camas y listas de espera en tiempo real) y aumentar la inversión en salud hasta niveles regionales, priorizando las zonas con mayores brechas y metas anuales verificables.
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Se debe recuperar el papel prioritario que necesita la salud. El país es altamente vulnerable por definición con un sistema de salud precario (público y privado). Si se actúa ahora, la próxima emergencia sanitaria resultará con menos improvisación y más capacidad real de respuesta. De lo contrario, las familias pagarán la factura en colas, en el bolsillo y en riesgos.
