Exploración de hidrocarburos: una urgencia subestimada

En el Perú, los hidrocarburos representan más del 70% de la oferta total de energía primaria, manteniéndose como un pilar fundamental de nuestro sistema energético. Sin embargo, el avance de la transición energética y el crecimiento de la demanda exigen una evaluación de su rol y una planificación urgente.

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Actualmente, la matriz de generación eléctrica se integra en 38% de gas natural, el cuál proviene casi en su totalidad de los yacimientos de Camisea. Sin embargo, las reservas actuales de gas natural —9.5 trillones de pies cúbicos— solo cubrirían 16 años de consumo, reduciéndose a 13-14 años si se concretan nuevos proyectos vinculados, por ejemplo, al desarrollo de la industria petroquímica o a la promoción del GNV. Pese a esta proyección alarmante, la inversión en exploración de nuevos recursos registra una caída drástica de US$ 500 millones en 2014 a apenas US$ 1.18 millones entre enero y noviembre del 2024.

Para comprender esta problemática, es fundamental reconocer que la exploración de gas natural implica costos elevados debido a la incertidumbre inherente al proceso. Este inicia con pruebas sísmicas que evalúan la presencia de fluidos en el subsuelo. De detectarse, se procede con un diagnóstico por imagen para formular una hipótesis sobre su naturaleza. Finalmente, se realiza una perforación exploratoria para confirmar su composición. Sin embargo, el riesgo es alto pues el inversionista puede encontrar agua, hidrocarburos con propiedades no óptimas o, incluso, ausencia total de recursos. De hecho, de cada diez perforaciones, solo dos o tres tienen resultados positivos.

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Más allá de los retos inherentes a la exploración, la caída en la inversión en exploración también responde a factores estructurales que han reducido el atractivo del país en esta actividad. Estos se pueden agrupar en dos categorías: baja competitividad y debilidad institucional.

Respecto a la competitividad, el proceso para obtener permisos ambientales y regulatorios en el Perú suele tardar más de cinco años, frente a un lapso de entre cinco meses y dos años en países como Chile y México. A esto se suma la insuficiente infraestructura para el downstream. El oleoducto norperuano ejemplifica esta carencia: con el nivel de producción actual, el transporte de crudo de petróleo puede demorar hasta un año, lo que lleva a preferir el uso de barcazas. Asimismo, las regalías elevadas, de hasta el 50% frente al 10% en países vecinos, desalientan la inversión.

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Por otro lado, la debilidad institucional también ha sido un obstáculo clave. A pesar de que la problemática de exploración se identificó hace más de una década; el Estado no ha impulsado reformas efectivas que faciliten las inversiones en esta actividad. La situación es aún más alarmante considerando la falta de una visión uniforme para el sector energético. En muchas ocasiones, el Estado ha obstruido los procesos de exploración al cambiar las reglas del juego, incluso en procesos ya iniciados. El caso de Candamo ilustra este problema: tras descubrirse la reserva, el gobierno la declaró parque nacional, bloqueando su explotación. Asimismo, la inestabilidad en el liderazgo ministerial agrava la situación. Desde julio de 2021, el ministro de Energía y Minas ha durado en promedio cinco meses en el cargo, dificultando la construcción de una estrategia clara.

Para reactivar la exploración, la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible propone implementar un nuevo modelo que integre el acuerdo previo y la consulta previa, simplificando procedimientos y garantizando derechos. La propuesta incluye la aprobación automática de fichas técnicas ambientales para operaciones de bajo impacto, y un proceso único para acuerdos y consultas en proyectos mayores, con liderazgo estatal. Además, es urgente impulsar la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, adaptando el régimen de regalías a los riesgos exploratorios y avances tecnológicos, y estableciendo plazos concesionales realistas que fomenten la inversión sin afectar la seguridad jurídica.

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Es fundamental que desde el Estado se actúe con rapidez y decisión para garantizar la seguridad energética en los próximos años. Solo con una planificación eficiente y políticas claras se logrará una transición energética efectiva, equilibrada y acorde a la realidad nacional. La gran interrogante es ¿podrá el Perú planificar eficientemente el rol de los hidrocarburos en un contexto en donde la transición energética toma mayor relevancia?