Escribe: María Julia Sáenz, socia líder de Tax & Legal de KPMG en Perú
La evolución del sistema tributario peruano ha sido una travesía llena de retos y transformaciones. En los años 90, el país experimentó una profunda reforma que buscaba crear una estructura institucional capaz de fomentar el crecimiento económico. Se centró en dotar al Perú de una autoridad tributaria robusta, con mecanismos claros y transparentes, que simplificaran la relación entre el Estado y los contribuyentes y mejoraran la recaudación fiscal en un contexto de crisis.
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Sin embargo, los avances logrados se han visto amenazados por problemas de burocracia y corrupción. A medida que la descentralización se convirtió en una prioridad, se implementaron medidas para transferir competencias y recursos a los gobiernos regionales y locales, con la esperanza de impulsar un desarrollo más equilibrado en todo el país. Con poco éxito, hay que decirlo.
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Más de 25 años después, el sistema tributario peruano está fragmentado y carente de estructura y eficiencia. Ejemplo de ello es el Código Tributario vigente, lleno de enmiendas y reformas que han debilitado la relación jurídica tributaria entre el Estado y los contribuyentes. Además, el alto grado de informalidad en el Perú agrava la situación. Más de dos tercios de la población vive en la informalidad, y la recaudación fiscal está sumamente concentrada en un reducido número de empresas y personas. Este contexto plantea grandes desafíos para el sistema tributario y para la capacidad del Estado de financiar sus políticas.
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En este contexto, se promulga la Ley N° 32387 de descentralización fiscal, que busca proporcionar a los municipios ingresos adicionales a través del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). Pretende fortalecer el Foncomun para fomentar el desarrollo sostenible de las zonas alejadas del país. A partir del 1 de enero del 2026, se incrementarán gradualmente los recursos municipales mediante un aumento del rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), reduciendo a su vez la tasa del IGV hasta en 2% en el 2029.
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La Ley N° 32387 intenta redistribuir recursos hacia los municipios, pero plantea desafíos en términos de gobernanza y sostenibilidad fiscal, amenazando con desestabilizar el equilibrio del presupuesto público. Sin embargo, se aprueba en un momento en que los municipios no son capaces de gestionar adecuadamente sus ingresos actuales y en el que se iniciará un nuevo ciclo de renovación de autoridades, con el proceso electoral ad-portas.
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Siempre voy a señalar la urgente necesidad de impulsar una reforma tributaria seria y a largo plazo que aborde las deficiencias estructurales del sistema tributario peruano y permita una distribución más equitativa y eficiente de los recursos fiscales. Pero para ello, no solo se necesita de técnicos capaces de diseñar las políticas públicas necesarias, sino de buenos políticos que asuman sus roles con la seriedad requerida, evitando la prebenda y el intercambio mercantilista de favores que solo ha debilitado nuestra ya frágil institucionalidad. Cuidar la institucionalidad y las políticas públicas es vital porque a través de ellas podemos ayudar al Estado a ser más eficiente, y esto es importante porque un buen Estado contribuye a formar buenos ciudadanos, y buenos ciudadanos impulsan el crecimiento de sus países.
