
El Gobierno ha anunciado para el verano del 2027 una reforma en materia laboral y tributaria cuyo eje es la formalización de las microempresas, especialmente mediante la revisión de los aportes a salud (9%) y pensiones (13%) de los trabajadores que perciben menores ingresos. Sin embargo, algunas de las medidas anunciadas, como la eventual flexibilización del despido para quienes perciben remuneraciones elevadas y los cambios destinados a ampliar la base tributaria, podrían alcanzar a empresas y trabajadores fuera del régimen de la microempresa. La discusión es necesaria, pero reducir costos no producirá por sí solo empleo formal.
Las cifras muestran la dimensión del problema. El INEI registró para el segundo trimestre una población económicamente activa de 18.55 millones de personas. A su vez, la OIT en el informe denominado Tendencias del mercado laboral en América Latina y el Caribe, publicado el 30 de julio último, advierte que, aunque en América Latina el empleo mantuvo una evolución favorable durante el 2025 y la informalidad regional continuó descendiendo, persisten diferencias importantes entre países. La OIT plantea complementar la formalización con desarrollo productivo, financiamiento, tecnología, capacitación y protección social, una mirada especialmente pertinente para el Perú.
Debe cuidarse el financiamiento de la seguridad social. Disminuir el aporte a EsSalud puede aliviar la contratación formal, pero el costo no desaparece: alguien tendrá que financiar las prestaciones de prevención, recuperación, rehabilitación y los subsidios que recibe la población asegurada. Por ello, cualquier rebaja tendría que venir acompañada de recursos presupuestales identificados, del cobro efectivo de las deudas que mantienen entidades públicas con EsSalud y de una estimación seria del impacto sobre la atención. De lo contrario, la formalización de hoy podría pagarse mañana con un servicio más deteriorado. Es importante advertir que, según información de la Contraloría General de la República, basada en los registros de la Sunat al 26 de septiembre pasado, 221 entidades públicas mantenían deudas en cobranza coactiva con EsSalud por S/ 297.6 millones.
La cautela debe ser todavía mayor en materia previsional. En el Sistema Nacional de Pensiones, los aportes del 13% efectuados por los trabajadores activos no alcanzan para financiar íntegramente las pensiones reconocidas bajo el Decreto Ley No. 19990. De acuerdo con información presupuestaria oficial de la ONP para el 2025, la planilla de este régimen ascendía a aproximadamente S/ 6,746 millones, equivalentes al 0.6% del PBI, mientras que los ingresos previstos por aportaciones eran cercanos a S/ 4,104 millones. La diferencia, alrededor de S/ 2,642 millones o 0.24% del PBI, debía ser cubierta con recursos públicos. En consecuencia, una reducción de la tasa de aporte debería venir acompañada de una identificación clara y sostenible de la fuente que financiará este faltante. En otras palabras, la propuesta debe explicar quién cubre la diferencia y cómo se evitará una menor protección en la vejez. Formalizar no debería significar trasladar el costo al futuro.
El tercer componente anunciado es la flexibilización del despido para trabajadores de mayores ingresos. El debate no debería reducirse a facilitar el cese de quienes ganan más. El problema real es la falta de predictibilidad. Nuestra legislación prevé una indemnización frente al despido arbitrario, y la reposición en casos excepcionales, pero la jurisprudencia ha ampliado los supuestos de reposición añadiendo inclusive el pago de una indemnización por daños y perjuicios cuyo importe se fija a discreción por el juez y, en ocasiones, los supuestos que ameritan la reposición no son suficientemente claros para trabajadores ni empleadores.
Una reforma razonable no pasa por abaratar el despido, sino de construir una protección efectiva y previsible. La fórmula legal no es mala y otorga seguridad jurídica. La predictibilidad es fundamental, por lo que preocupa que las reglas de juego varíen por criterio jurisprudencial y que en la actualidad existan posiciones discrepantes al interior de la propia Corte Suprema sobre el particular, me refiero a lo que vienen resolviendo la Segunda y la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en lo relativo al cese por pérdida de confianza.
El “combo”, según lo ha denominado el ministro de Economía, puede abrir una discusión útil, siempre que no sea una suma de medidas inconexas. Antes de aprobarlo se requieren estudios actuariales, una estimación fiscal, reglas contra la fragmentación empresarial y metas verificables. La OIT recuerda que la informalidad expone a los trabajadores a mayor vulnerabilidad, ingresos inadecuados y peores condiciones de seguridad y salud y salud en el trabajo. Reducirla demanda equilibrio: menos barreras, sin debilitar la protección social que da sentido al empleo formal.
La reforma debe ser integral. Si solo disminuimos aportes, trasladaremos el déficit; si solo flexibilizamos el despido, aumentaremos la incertidumbre; y si solo endurecemos la fiscalización, seguiremos sancionando síntomas. Formalizar supone hacer viable la empresa, proteger al trabajador y recuperar la confianza en las instituciones.
César Puntriano es socio principal del Estudio Muñiz.

