El pasado 2 de diciembre de 2024, se presentó un proyecto de Ley que propone la creación de un “Impuesto a las Grandes Empresas”, con el objetivo de recaudar fondos para invertir en la seguridad ciudadana, una problemática que como sabemos es de alta preocupación en el país. Sin embargo, ¿es esta realmente la solución adecuada para financiar la seguridad ciudadana?.
El impuesto gravaría con el 0.5% de la utilidad neta anual a empresas con ingresos superiores a 2,300 UIT (según la UIT de este año sería un importe de S/ 11,845,000), con el objetivo de cerrar las brechas en materia de seguridad ciudadana. La recaudación estaría a cargo de la Sunat pero los detalles sobre la implementación, supervisión y destino de los recursos permanecen aún hoy vagos.
No es la primera vez que se propone un impuesto de esta naturaleza. ¿Será este proyecto realmente viable? A continuación, se analizarán las principales críticas o situaciones controversiales que enfrentaría esta iniciativa.
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1. Incertidumbre jurídica
El proyecto carece de precisión, al no definir si el tributo propuesto será complementario al Impuesto a la Renta o será un tributo independiente. Esta ambigüedad genera incertidumbre jurídica para los contribuyentes, lo que podría dificultar la adecuada preparación y presentación de las declaraciones tributarias, incrementando el riesgo de conflictos fiscales.
Además, se debe considerar aplicable aquí el principio de “no confiscatoriedad”, consagrado en el artículo 74° de la Constitución, el cual podría vulnerarse si la carga tributaria total derivada de esta propuesta resultara excesiva y discriminatoria. Como se recuerda, no puede existir un doble gravamen sobre un mismo hecho, algo proscrito por la doctrina y sentencias del TC.
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2. Impacto negativo en la formalización y la recaudación
La medida -como toda de índole facilista y populista- se enfoca exclusivamente en las “grandes empresas”, sin evaluar las dinámicas del mercado ni prever las estrategias que estas podrían adoptar para mitigar el impacto del tributo.
Una probable consecuencia de esta medida sería la fragmentación intencionada de los ingresos, también conocida como la estrategia del “enanismo empresarial”, que ya se visto varias veces, como lo sería en la aplicación de Regímenes como el Nuevo RUS y el Mype - Tributario.
En este contexto, las empresas podrían reducir artificialmente sus ingresos declarados para evitar los umbrales establecidos por el tributo, y esto lo harían por ejemplo dividiendo su facturación entre varias empresas conformantes de un grupo. Este comportamiento elusorio, no solo desincentiva la eficaz formalidad empresarial, sino que además reduciría significativamente la recaudación fiscal esperada, socavando la efectividad de la medida.
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3. Ausencia de análisis técnico riguroso
El referido proyecto no parece estar respaldado por estudios técnicos sólidos que evalúen su impacto en el sector privado y en el clima de inversión.
En la exposición de motivos, se utiliza el año 2019 como referencia para sustentar el crecimiento económico, ignorando el contexto actual, en donde el país y las empresas aún están en ese penoso proceso de recuperación económica tras la pandemia.
Imponer tributos adicionales y sin claridad técnico-jurídica podría desincentivar la inversión extranjera y generar efectos adversos en la economía formal de nuestro país.
La política tributaria debe basarse en datos reales, concretos y en un análisis que considere el estado actual de la economía y de los sectores productivos. La falta de sustento técnico en este Proyecto incrementa la posibilidad de consecuencias no deseadas, como el debilitamiento de la competitividad nacional y un mayor desincentivo a la inversión privada nacional y extranjera.
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4. Falta de claridad en la gestión de los fondos recaudados
Aunque el proyecto establece que los fondos recaudados serán destinados a mejorar la seguridad ciudadana, no se detallan aspectos fundamentales como: qué proyectos serán financiados; qué procesos administrativos garantizarán la adecuada asignación y uso de los recursos; cómo se supervisará y controlará la correcta aplicación del dinero recaudado, entre otros aspectos que son cruciales.
Esta falta de claridad abre la puerta a posibles casos de malversación o desvíos de fondos, lo que pone en riesgo tanto la confianza pública como la eficacia del tributo para alcanzar su propósito declarado.
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El trasfondo del problema
La inseguridad ciudadana es un problema prioritario que exige soluciones efectivas, pero consideramos que el recurrir a impuestos mal diseñados podría resultar un contrasentido.
Más que una carencia de presupuesto, el verdadero desafío radica en la falta de capacidad del Ejecutivo para distribuir y emplear adecuadamente los recursos ya disponibles.
El Ministerio del Interior debe liderar esta tarea, formulando estrategias claras y bien ejecutadas, que no perjudiquen finalmente a los principales contribuyentes del país. Poner en aprietos a quienes ya aportan significativamente a la economía, es una solución antitécnica y facilista, y que podría tener efectos negativos en el desarrollo nacional.
Más que experimentos tributarios, el Perú necesita soluciones integrales y bien fundamentadas que fortalezcan tanto la seguridad ciudadana como la confianza empresarial. Este deficiente Proyecto de Ley es una invitación a repensar adecuadamente el cómo financiar las políticas públicas esenciales, sin sacrificar finalmente el desarrollo económico del país.
No se trata de exprimir más el limón, porque este indefectiblemente se puede luego secar.
Catedrático de las universidades del Pacífico, UPC y UCSUR. Director de la Maestría en Tributación de la UPC.
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