Escribe: Jaime Polar Paredes, gerente general de Summa Gold.
En la última década, la minería ilegal ha crecido a un ritmo alarmante, con una tasa anual del 11.7%, según el estudio Abordaje Integral de la Minería Ilegal e Informal en el Perú de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
La violencia asociada a esta actividad ilícita continúa encendiendo alarmas en diversas regiones del país. A pesar de los estados de emergencia y del despliegue de fuerzas policiales y militares en zonas críticas, los ataques a operaciones mineras formales persisten, dejando víctimas que pudieron haberse evitado. Esta realidad refleja la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad, inteligencia y control territorial de forma sostenida y estructural.
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No podemos seguir permitiendo que redes delictivas se expandan impunemente sobre tierras agrícolas y forestales, transformándolas en enclaves de campamentos clandestinos, tráfico de insumos y extracción ilegal de minerales. El ingreso y ocupación de terrenos fuera de cualquier concesión formal representa una amenaza constante que demanda respuestas más allá de lo meramente reactivo.
Aunque las interdicciones se han intensificado, su efecto sigue siendo limitado si no forman parte de una estrategia integral de recuperación y prevención a largo plazo. En muchos casos, los socavones intervenidos son reabiertos pocos días después de los operativos. Esto evidencia que la solución no pasa únicamente por intervenir, sino por establecer una presencia estatal permanente y crear condiciones que impidan la reocupación del territorio.
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Ante esta situación, han comenzado a explorarse alternativas viables que complementan la acción estatal. Un ejemplo concreto es la adquisición legal de terrenos ocupados ilegalmente, en coordinación con autoridades locales y comunidades. Esta medida, basada en una estrategia social y legal bien articulada, ha permitido recuperar pacíficamente zonas antes dominadas por la minería ilegal.
Un caso reciente es la adquisición de 65 hectáreas del bosque Polo en Huamachuco, La Libertad, donde recuperamos una zona que estuvo invadida por mineros ilegales. Esta acción, coordinada con la Policía Nacional del Perú, autoridades regionales y locales permitirán cerrar más de 60 socavones. Gracias al trabajo articulado y al respaldo local, lo que parecía fuera de control hoy se presenta como un ejemplo de recuperación y legalidad.
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Estas iniciativas no reemplazan el rol del Estado: lo fortalecen. Y marcan una ruta posible para enfrentar la minería ilegal con visión, planificación y corresponsabilidad. Erradicar esta actividad ilícita exige más que operativos. Requiere fomentar empleo formal, promover el desarrollo productivo y establecer mecanismos eficaces de inteligencia, articulación institucional y control social.
Recuperar el territorio y devolver la legalidad a nuestras regiones demanda voluntad política, coordinación efectiva y el compromiso decidido de todos los sectores -autoridades, empresas y ciudadanía- para construir un país donde la ley y el desarrollo de la minería sostenible prevalezcan.
