Al cierre de 2025, el 30.5% de los peruanos –más de 10 millones de personas– enfrentó algún nivel de inseguridad alimentaria, y poco más de un millón vivió su forma más severa: días enteros sin comer por falta de recursos. La cifra no viene de una ONG ni de un estudio aislado: es el primer resultado del módulo de inseguridad alimentaria que el INEI incorporó a la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) en 2025, con la asistencia técnica de la FAO y la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), un estándar internacional que mide el fenómeno desde la experiencia de las personas y no solo desde el ingreso o el gasto del hogar.
Por décadas, el debate sobre bienestar en el país giró casi exclusivamente en torno a la pobreza monetaria; esta nueva data muestra que esa mirada dejaba fuera a una parte considerable de peruanos que hoy sabemos que pasan hambre.
El nuevo módulo, FIES, permite estimar la incidencia de la inseguridad alimentaria moderada –donde las familias se ven forzadas a sacrificar la calidad y/o la cantidad de lo que comen– y la severa, que describe las formas más extremas de privación, cuando las familias se ven obligadas a saltarse alguna comida o incluso a pasar días enteros sin ingerir alimentos por falta de recursos.
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Una de las lecciones que nos arrojan estos nuevos datos es que la inseguridad alimentaria no es un reflejo fiel de la pobreza monetaria. Si bien el 50% de quienes están en pobreza extrema la sufren, la escala FIES muestra que el fenómeno también se observa en los sectores más acomodados, alcanzando al 15% de los estratos A/B. Esto sugiere que el acceso a alimentos de calidad depende de factores que van más allá del ingreso inmediato.
Este no es solo un problema de bienestar social: también es un problema de productividad. La amplia evidencia sobre el costo económico de la desnutrición infantil en el Perú ya advertía que sus efectos –en escolaridad, capacidad cognitiva y productividad laboral futura– equivalen a varios puntos del PBI. Se trata de una fuerza laboral –presente y futura– que rendirá por debajo de su potencial porque no tiene garantizada su alimentación diaria. Para el sector privado, esto tiene implicancias directas: menor productividad, mayor ausentismo y rotación, y un capital humano que llega mermado al mercado de trabajo. Postergar la respuesta a esta cifra no es solo una omisión ética; es también una decisión económica costosa.
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La mirada regional también desafía nuestras preconcepciones. La Amazonía peruana se sitúa hoy en el epicentro de la crisis: regiones como Loreto (47%), Ucayali (37%) y Madre de Dios (34%) figuran entre las que registran los niveles más altos de inseguridad alimentaria. El caso de Madre de Dios es particularmente revelador: a pesar de ser una de las regiones con menor pobreza monetaria, sus habitantes sufren niveles críticos de inseguridad alimentaria, lo que refuerza la idea de que el problema alimentario no es solo un asunto de recursos económicos. En contraste, Cajamarca, la región con la mayor tasa de pobreza monetaria, ocupa el noveno lugar en inseguridad alimentaria con un 32%.
“El Perú ya tiene el diagnóstico más preciso de su historia sobre el hambre; lo que falta ahora es la voluntad de actuar sobre él”. Foto: GEC.
Asimismo, la dinámica urbano-rural nos ofrece matices importantes. Aunque la inseguridad alimentaria moderada o severa es mayor en el campo (35%) que en las ciudades (29%), la severa es más aguda en las zonas urbanas. Mientras que en el mundo rural puede haber mayor pobreza, también parece haber una menor incidencia de personas que quedan sin nada que comer en comparación con el entorno urbano.
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Tener esta evidencia no sirve de nada si se queda en el diagnóstico. El primer paso es usar el FIES como criterio de focalización: hoy Qali Warma, Juntos y los programas alimentarios se reparten con criterios de pobreza monetaria que, como muestran estos datos, dejan fuera a buena parte de quienes pasan hambre. El segundo es cruzar esta información con los padrones sociales existentes para identificar dónde la brecha entre pobreza e inseguridad alimentaria es mayor y dirigir ahí una oferta diferenciada. El tercero es que el Ejecutivo y el Congreso adopten una meta explícita, medible y con plazo, vinculada al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (“Hambre Cero”), de modo que el módulo del INEI deje de ser solo un termómetro y se convierta en un instrumento de rendición de cuentas.
El Perú ya tiene el diagnóstico más preciso de su historia sobre el hambre; lo que falta ahora es la voluntad de actuar sobre él.
Carolina Trivelli es i nvestigadora principal del IEP.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
