Escribe: Paola del Carpio Ponce, coordinadora de Investigación de Redes.
Nuestro país se encuentra en llamas, literal y figurativamente. Los incendios forestales, que no han comenzado recién, vienen afectando a 22 de los 24 departamentos del Perú y han causado ya la muerte de 15 personas, 98 heridos y casi 2,000 damnificados. En lo que va del año, hemos registrado 248 incendios forestales por las altas temperaturas, condiciones de sequía exacerbadas por el cambio climático y la propia actividad humana. Siendo el Perú un país tan vulnerable al cambio climático, queda cada vez más clara la necesidad de inversión en prevención, detección temprana y manejo de desastres. Sin embargo, nos damos el lujo de no solo gastar poco en ello, sino de insistir en malgastar miles de millones de soles de los peruanos en barriles sin fondo como Petroperú.
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En el plano económico, las consecuencias de esta crisis ambiental son mayúsculas. En el sector agricultura, se reporta la pérdida o afectación de miles de hectáreas de cultivos, afectando tanto nuestra biodiversidad como la subsistencia de varias familias que dependen de esta actividad. Se ha reportado también la pérdida de más de 4,000 animales y sus medios de alimentación. Además, existe evidencia de que el humo de incendios forestales reduce la capacidad de producción del ganado lechero. Otro sector directamente afectado es el turismo, ya que los incendios vienen afectando reservas naturales y áreas arqueológicas, especialmente en Cusco y Amazonas, y esto ralentiza el avance que ya veníamos viendo en el sector, que emplea a muchos peruanos en actividades como hospedajes, restaurantes, guías turísticos, entre otros.
Pero el daño va más allá de los sectores productivos. También se genera una mayor presión sobre los servicios de salud, en tanto el humo afecta la calidad del aire y la exposición de las personas a estos pueden tener efectos negativos, en especial en los grupos más vulnerables como los niños pequeños y adultos mayores. Finalmente, se ve afectada la capacidad de aprender de los niños con el cierre de escuelas o, peor aún, el daño permanente a la infraestructura escolar disponible.
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Una vez ocurrido el daño, atender emergencias resulta muy caro, por lo que la prevención resulta clave. Ante los efectos crecientes del cambio climático, como las sequías, el Perú debería destinar recursos a contar con sistemas de alerta temprana e infraestructura resiliente que nos permita tener respuestas más rápidas y efectivas. Resulta crítico trabajar también en la rectoría necesaria para prevenir las causas humanas que inician este tipo de incendios, que pasan muchas veces por quemas de pastizales para la agricultura, algunas veces de cultivos ilegales como la hoja de coca. Además, las áreas devastadas por los incendios se convierten en terrenos accesibles para la minería ilegal. A estas actividades deberíamos estarles haciendo la vida más difícil y no más fácil.
Sin embargo, la cultura de prevención y sentido de urgencia no siempre parece llegar a las autoridades. Por ejemplo, en julio de este año, el Congreso de la República redujo sustancialmente el monto del crédito suplementario solicitado por el MEF a destinarse a la reserva de contingencia. Este monto pasó de 600 millones a 11 millones, pasando 588 millones a ser destinados a gasto en proyectos de más de 204 municipios. Prevenir no está en el ADN político.
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Por si fuera poco, en medio de tamaña emergencia en la que nos encontramos, el Gobierno dejó ir al directorio de Petroperú y decidió volver a otorgar un rescate generoso de 1,550 millones de dólares de capitalización de deuda, la ampliación del plazo para sus deudas de corto plazo y 1,000 millones de dólares en garantías a nombre del Banco de la Nación. Para poner en contexto estas cifras en el marco de la realidad que vivimos, el presupuesto de este año para el programa de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres en todo el país es de 106 millones de soles. Aunque en este salvataje se han puesto algunas condiciones, varios aspectos clave de la reestructuración quedan poco claros. ¿Cómo se protegerán las decisiones del eventual PMO de la injerencia política? ¿Se aprobará el marco legal para contar con mecanismos de desvinculación de personal? ¿Se cerrarán o no unidades de negocio cuya operación profundiza las pérdidas? El rescate es dadivoso pero las condiciones, difusas.
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Y mientras el Perú se quema y los recursos se van a barriles sin fondo, las señales hacia la inversión privada se siguen deteriorando y, con ellas, las posibilidades de crear más empleos y retomar la lucha contra la pobreza. Hay oportunidades y proyectos en este momento en el Perú para sentirse esperanzados. En su lugar, seguimos escuchando frases desafortunadas de algunas de nuestras autoridades que, en lugar de escuchar y responder con empatía, parecen cegadas en medio del humo.
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