Escribe: David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad
Abogar insistentemente por una mayor estabilidad fiscal en el Perú no es una obsesión tecnocrática, sino una necesaria condición de gobernabilidad. Es el ancla que asegura la estabilidad macroeconómica, preserva la confianza de los inversionistas y protege la capacidad del Estado para responder a crisis o invertir en bienestar. Cuando ese ancla se rompe, el ajuste llega tarde, es más costoso y socialmente doloroso.
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La teoría económica establece que la sostenibilidad de la deuda pública depende de tres variables clave: el crecimiento real del PBI (g), la tasa de interés real de la deuda (r) y el resultado fiscal primario (sp), es decir, el déficit antes del pago de intereses. Si el Estado mantiene déficits primarios persistentes y, además, paga una tasa de interés mayor que su crecimiento económico (r > g), la deuda crecerá como proporción del PBI y se volverá insostenible. Incluso cuando r < g, como ha ocurrido en varios países en las últimas décadas, esa condición favorable no basta si el déficit fiscal es crónico, como viene ocurriendo en el Perú. El resultado fiscal primario es la única variable bajo control directo de la política económica, y si el gasto público se financia con desequilibrios estructurales, se compromete la estabilidad futura. Esto es especialmente crítico en países con baja presión tributaria y alta informalidad. Por ello, la sostenibilidad fiscal no es una simple cuestión contable, sino una decisión política de largo plazo que marca la diferencia entre el crecimiento ordenado y la corrección traumática.
La sostenibilidad fiscal no es una simple cuestión contable, sino una decisión política de largo plazo que marca la diferencia entre el crecimiento ordenado y la corrección traumática. (Foto: MEF).
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Este es exactamente el punto en el que se encuentra el Perú. La deuda pública bruta ha pasado de representar 19.2% del PBI en el 2013 a 32.4% en el 2024. Más preocupante aún, la deuda neta –que descuenta los activos financieros del Estado– se ha disparado de 2.7% a 23.5% del PBI en ese mismo periodo. Es decir, el colchón de activos que blindaba la posición fiscal se ha ido agotando, mientras la deuda sigue creciendo.
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Este deterioro no se explica solo por eventos excepcionales como la pandemia, sino por factores estructurales persistentes. El déficit fiscal primario estructural se ha más que duplicado, pasando de 0.7% del PBI entre el 2014 y 2019 a 2.0% en el 2020–2024; es decir, el Estado gasta más de lo que recauda incluso en condiciones normales. A esto se suma un menor crecimiento económico, sin reformas que reactiven la productividad, y el uso intensivo del ahorro fiscal acumulado para evitar mayor endeudamiento, lo que debilita el balance futuro. También han influido efectos cambiarios y ajustes contables, mientras que las tasas de interés reales, aunque moderadas hasta ahora, podrían volverse adversas ante mayor incertidumbre política.
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Bajo estas circunstancias, la pregunta ya no es si habrá ajuste fiscal, sino cuánto y a qué velocidad. El reciente informe de la consultora Ronin proyecta que, para estabilizar la deuda en su nivel actual (32.5% del PBI), será necesario generar superávits primarios de al menos 0.3% del PBI anual de manera sostenida en los próximos diez años. Y, si se desea cumplir con la regla fiscal de mediano plazo y reducirla a 30%, el esfuerzo requerido sube a 0.5% del PBI anual. Esto implicará decisiones complejas y políticamente costosas. El ajuste no puede descansar exclusivamente en recortes de inversión o en aumentos de impuestos generalizados. Se requerirá una combinación de racionalización del gasto corriente, eliminación de rigideces presupuestales, reducción de exoneraciones ineficientes, mejora sustantiva de la calidad del gasto y una agenda de reactivación económica basada en reformas de productividad. Todo esto, además, deberá hacerse con una estrategia fiscal y de comunicación creíble que alinee expectativas y minimice el costo reputacional del ajuste.
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El problema es que el punto de partida es pésimo. Los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte han sido fiscalmente irresponsables. En lugar de usar el periodo postpandemia para reconstruir los equilibrios fiscales, optaron por una expansión desordenada del gasto corriente y una inversión ineficiente. De acuerdo con el análisis del Consejo Privado de Competitividad, entre el 2021 y 2025 el gasto corriente se incrementará en aproximadamente S/ 25,000 millones respecto al 2021. De ese total, S/ 21,000 millones corresponden al aumento en planillas, mientras que al menos S/ 1,000 millones adicionales están vinculados a gastos no críticos e improductivos como publicidad estatal, celebraciones, consultorías y viajes. En conjunto, se trata de S/ 22,000 millones de gasto prescindible, equivalente al 2.0% del PBI. Si ese derroche se hubiera evitado, el déficit fiscal del 2025 estaría ya por debajo de la meta oficial de 1.0% del PBI.
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El próximo gobierno no heredará un simple déficit: heredará una bomba fiscal armada con torpeza y populismo, cuya desactivación será compleja. Y lo hará sin el ciclo favorable de precios internacionales que ayudó a gobiernos anteriores a ajustar con crecimiento. Las malas noticias de que tendremos que pagar la farra fiscal de Castillo y Boluarte llegará pronto.
Exministro de Economía.
