El BCR publicó cifras preliminares del resultado del sector público para el año 2025. De acuerdo con estas cifras el déficit del sector público fue equivalente a 2.2% del PBI, con lo cual luego de tres años se habría cumplido con el techo que establece la regla del déficit fiscal para dicho año.
El MEF celebró el retorno al cumplimiento de la regla fiscal atribuyendo dicho logro a las medidas de responsabilidad fiscal adoptadas en el último trimestre del año y al compromiso con el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible.
El MEF omite señalar, sin embargo, que hay dos grandes factores que explicaron la disminución del déficit y el cumplimiento coyuntural de la meta en el año 2025. Por el lado de los ingresos, el alza del precio de los metales posibilitó el aumento de la recaudación en un monto equivalente a 0.5% del PBI e ingresos extraordinarios asociados a la venta de una empresa en el sector eléctrico y al cobro de una deuda tributaria en el sector financiero posibilitaron un monto adicional equivalente a 0.3% del PBI. Por el lado de los gastos el monto de los rescates a Petroperú disminuyó significativamente respecto al año 2024.
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Pero más allá del cumplimiento de la regla fiscal para el año 2025 existen no pocos factores que me permiten señalar que la disciplina fiscal se está perdiendo.
En primer lugar, los depósitos del sector público en el sistema financiero se han reducido en 35,700 millones de soles desde diciembre del año 2021. El nivel actual de depósitos se encuentra en niveles similares de la pandemia.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, la deuda neta del sector público, la que descuenta los ahorros del fisco, ha crecido en la última década desde 0.4% del PBI hasta más de 20% del PBI.
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En tercer lugar, existen dos obligaciones implícitas que no están incluidas en la medición del déficit fiscal del año 2025 y que con toda seguridad van a reflejarse en los déficits fiscales de los años 2026 en adelante. Se trata de la compra de 24 aviones de combate para la FAP por un monto de 3,500 millones de dólares y de la construcción de la nueva Base Naval del Callao por 1,500 millones de dólares. Ambas obligaciones suman un monto equivalente a 1.3% del PBI.
Con estos compromisos será muy difícil que el próximo gobierno que asumirá en julio del año 2026 pueda cumplir con la trayectoria de reducción del déficit fiscal establecida por ley que considera umbrales de 1.8%, 1.4% y 1.0% del PBI para los años 2026, 2027 y 2028, respectivamente.
Pero además existen otros riesgos en el horizonte inmediato, que a continuación señalo:
La posibilidad de un nuevo fenómeno El Niño este año, especialmente desde abril en adelante, según proyecciones basadas en modelos climáticos y monitoreos del ENFEN. Recordemos que los ahorros fiscales se han reducido a niveles mínimos y en consecuencia los gastos necesarios para la prevención frente a lluvias y desastres tendrían que afrontarse con mayor deuda pública.
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Los menores ingresos como consecuencia de las exoneraciones tributarias que el Congreso concedió con beneplácito del MEF: creación de zonas económicas especiales, creación de zonas turísticas especiales desgravadas de impuestos y la renovación de exoneraciones tributarias a las agroexportadoras.
Los mayores gastos de la planilla que el Congreso está aprobando, amparado en el fallo del Tribunal Constitucional que interpretó que el Congreso tenía capacidad de gasto.
Futuros rescates para Petroperú no están descartados; recordemos que el decreto de urgencia que aprueba su reestructuración patrimonial va a tomar tiempo de implementación y que la situación de la empresa no nos permite descartar la necesidad de nuevos aportes financieros por parte del Tesoro Público hasta que no se produzca dicha reestructuración.
Nuevas exoneraciones tributarias o nuevos incrementos del gasto corriente que el Congreso apruebe como fin de fiesta antes de terminar su mandato y que han sido advertidos oportunamente por el Consejo Fiscal.
Los partidos políticos han presentado sus planes de gobierno llenos de promesas para el electorado, pero sin decirnos, la mayoría de ellos, cómo van a financiarlas.(Foto: ONPE)
Es evidente por tanto que dadas las obligaciones implícitas y los riesgos descritos la casa no será entregada ordenada a la próxima administración pese a que el MEF intente convencernos de lo contrario.
Frente a ello, la campaña electoral ya empezó y los partidos políticos han presentado sus planes de gobierno llenos de promesas para el electorado, pero sin decirnos, la mayoría de ellos, cómo van a financiarlas.
Uno de estos partidos políticos ha hecho público, a través de su jefe de plan de gobierno, un exministro de Economía, que la solución será aumentar el techo de la regla fiscal de la deuda pública de 30% a 40% del PBI. Directamente ha señalado que el actual techo resulta en un corsé para aumentar los gastos públicos y para cerrar las brechas de infraestructura.
En otro caso, un candidato presidencial está proponiendo usar las reservas internacionales que administra el BCR para financiar incrementos en el gasto público ignorando la prohibición constitucional que tiene el BCR de financiar al fisco.
En estos dos casos y en muchos otros planes de gobierno se omite completamente cómo es que se va a hacer para reducir la informalidad y para elevar la recaudación tributaria una de las más bajas en la región. Claro, eso no gana votos.
