Escribe: Luis Espinoza, Experto en mercado energético y exviceministro de Energía.
Uno de los principales indicadores de seguridad energética es su capacidad de respuesta ante la demanda. En Perú, esa capacidad adicional supera el 50%, lo que transmite una sensación de tranquilidad. Pero esa seguridad solo existe porque hay centrales capaces de activarse cuando las renovables no pueden hacerlo. Esas son las térmicas, que operan con gas natural o diésel y no dependen del clima.
Para asegurar su disponibilidad se creó el precio de potencia, un pago que todos los usuarios hacemos para que estén listas, incluso si no generan energía todos los días. En el 2004, con el inicio de Camisea, se apostó por el gas como fuente confiable y más económica. Para garantizar su desarrollo se establecieron contratos de largo plazo y mecanismos de ingresos mínimos, que funcionaron mientras la demanda no superó los 450 millones de pies cúbicos por día (MMPCD).
Hoy, la demanda nacional alcanza los 900 MMPCD y la exportación suma 600 MMPCD más. En este modelo, los usuarios pagan la molécula, el transporte y la distribución por separado. Hasta el 2021, las térmicas podían contratar el transporte como costo fijo y declarar el gas como variable. Esa flexibilidad era clave para competir con renovables y sostenerse financieramente.
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Esa regla cambió tras un fallo del Tribunal Constitucional. A partir del 2021, el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin exigieron que el 100% del gas contratado se considere como costo variable, sin importar la forma de contratación. Esta decisión eliminó la flexibilidad que permitía a las térmicas adaptar su declaración al despacho real, afectando su viabilidad económica. Como respuesta se implementó el Factor de Referencia a la Contratación (FRC), que establece una exigencia mínima de contratación de transporte firme ajustada al uso esperado del generador. No obliga a contratar más de lo necesario y busca mantener un equilibrio que preserve la sostenibilidad del sistema.
En el despacho económico, renovables como la hidroeléctrica, solar y eólica tienen prioridad porque su costo variable es cero. Las térmicas entran después, pero son las únicas que garantizan seguridad. En el 2023, la hidráulica representó el 47.9% y en el 2024 subió a 51.3%. Aun así, durante el Fenómeno de El Niño, cuando la producción hídrica bajó, fueron las térmicas (con gas y diésel) las que sostuvieron la oferta, y pudieron hacerlo porque había disponibilidad de máquinas y capacidad de transporte de gas activa.
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Los pronósticos indican que las renovables seguirán creciendo. Pero esas tecnologías no asumen compromisos de seguridad de potencia. No garantizan que estarán cuando más se necesiten. Las térmicas sí. Pero para sobrevivir, necesitan cubrir sus costos fijos. Si se les imponen condiciones que las hacen inviables, terminarán quebrando. Ya ocurrió con la central de EGASA.
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Y cuando una térmica cierra, no solo se pierde capacidad de respaldo (seguridad). Se reduce el consumo de gas, los transportistas ven caer sus ingresos, y la expansión de redes para hogares se detiene. Toda la cadena se debilita. La seguridad energética no depende solo de cuántos megavatios se pueden generar. Depende de que existan unidades capaces de responder cuando las demás fallan. Si ese respaldo desaparece, todo el sistema entra en riesgo.
