En los últimos años, cuando se habla de infraestructura, nos hemos estancado en un denso y repetitivo monotema: la modalidad de ejecución de los proyectos. Pero, al igual que un iceberg, eso es apenas la superficie. No sorprende que los cambios normativos recientes se hayan concentrado en optimizar las Asociaciones Público-Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI), mecanismos que representan solo una fracción de la inversión pública nacional. Con ello, se pierde de vista que la obra pública sigue siendo el principal vehículo de provisión de servicios públicos y la base sobre la que se construyen las expectativas de desarrollo de millones de peruanos.
Pero ¿qué nos dicen los números sobre la capacidad real del Estado para responder a esas expectativas? Desde el 2001, los recursos destinados a infraestructura han crecido de manera sostenida. El gasto de capital pasó de S/ 39,842 millones a S/ 70,949 millones en el 2025, un incremento cercano al 78%. Sin embargo, el crecimiento de la demanda descentralizada de inversión pública ha sido aún mayor. Entre el 2016 y el 2025, el presupuesto de inversión pública creció a una tasa promedio anual de 8%, mientras que el número de proyectos incorporados al sistema lo hizo cerca de 12% por año. En otras palabras, las expectativas de inversión crecieron más rápido que los recursos disponibles para financiarlas.
El problema no termina allí. Cuando se analiza la capacidad del Estado para convertir proyectos en infraestructura culminada, los resultados son igualmente preocupantes. Entre el 2016 y el 2024, el Estado logró concluir cada año el equivalente a apenas el 10% de su cartera activa de inversiones. Dicho de otro modo, el Perú genera proyectos más rápido de lo que puede financiarlos y culminarlos.
El caso del 2019 resulta ilustrativo. Ese año se incorporaron al sistema 7,448 proyectos asociados a una inversión potencial de S/ 195,414 millones, monto equivalente al 35% del PBI y a once veces el gasto de capital asignado por el Estado en ese mismo período. La pregunta es inevitable: ¿existía realmente alguna posibilidad de financiar esa cartera dentro de un horizonte razonable?
Los compromisos que hoy enfrenta el país sugieren que el problema se está agravando. Solo veinte proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad Sostenible (PNISC) requerirán inversiones cercanas a S/ 42 mil millones durante los próximos cinco años. A ello se suman los aproximadamente S/ 3 mil millones que la ANIN mantiene pendientes de pago a contratistas, así como una creciente cartera de APP cofinanciadas promovida por ProInversión que también demandará importantes recursos fiscales.
Sin embargo, estos compromisos son apenas la manifestación visible de un problema más profundo. Nuestro sistema de inversión pública, con competencias ampliamente descentralizadas, incentiva la formulación atomizada de proyectos y carece de criterios suficientes de integración territorial y productiva. El resultado es una cartera fragmentada, escasamente priorizada y desvinculada de una capacidad real de financiamiento. Así, cada nuevo proyecto genera una expectativa legítima de desarrollo que, cuando no se concreta, se transforma en frustración, desconfianza y una creciente percepción de abandono. Por ello, los resultados electorales del último quinquenio no deberían sorprendernos.
El Perú no enfrenta una escasez de proyectos; enfrenta un exceso de ellos. Posee una cartera de inversiones muy superior a su capacidad real de financiamiento, ejecución y sostenimiento. Nos obsesiona la ejecución presupuestal cuando, a la luz de estos números, queda en evidencia que el país convive con la subejecución como mecanismo para administrar una cartera sobredimensionada, con más proyectos de los que puede financiar y convertir en infraestructura efectiva.
Por ello, las reformas que el país necesita distan mucho de la mera simplificación de procedimientos. Lo que está en juego es la necesidad de reordenar la relación entre recursos, competencias y territorio mediante una profunda reforma de la gobernanza de la infraestructura. Ello implica alinear los incentivos del sistema con resultados concretos, integrar las demandas de cerca de 1,900 gobiernos locales dentro de una visión territorial de largo plazo y priorizar proyectos productivos y corredores logísticos que trasciendan las fronteras administrativas de distritos y regiones. Solo así será posible transformar la inversión pública en desarrollo efectivo y no en una nueva fuente de expectativas incumplidas.
Paola Lazarte es exministra de Transportes y Comunicaciones.
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