Escribe: Omar Mariluz Laguna, director periodístico.
En el Perú de hoy, ir a estudiar puede costar la vida. Estudiantes, profesores y padres de familia están en la mira de las organizaciones criminales que han convertido los colegios privados en su nuevo blanco de extorsión. Millones de niños y adolescentes ya no están seguros ni siquiera en sus aulas.
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El año pasado, la violencia y la extorsión destruyeron miles de pequeños negocios ante la pasividad de las autoridades. Hoy, la crisis ha alcanzado a la educación privada, y el impacto es aún más devastador. No solo pone en peligro la vida de empresarios, docentes y estudiantes, sino que compromete el futuro del país al sabotear la formación de las próximas generaciones.
La Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (Anacopri) ha denunciado que, en los días previos al inicio del año escolar, más de 450 instituciones educativas privadas han recibido amenazas de extorsión. Los delincuentes exigen pagos mensuales de entre S/10,000 y S/70,000 a cambio de no atentar contra la comunidad educativa.
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Esta situación aterradora ha llevado a varios directores a tomar la drástica decisión de regresar a la virtualidad, en un intento desesperado por proteger a sus alumnos y personal. Pero, ¿qué tan sostenible es esto? La educación a distancia fue una medida de emergencia durante la pandemia, pero hoy se impone nuevamente, no por razones sanitarias, sino por el dominio del crimen organizado ante un Estado ausente.
Un caso emblemático es el del Colegio San Vicente de Comas, que sufrió dos atentados con dinamita en menos de una semana. La violencia fue tal que sus directivos optaron por trasladar a sus 1,200 estudiantes de inicial, primaria y secundaria a clases virtuales. Otros colegios no han tenido la misma suerte y han cerrado definitivamente este 2024.
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Mientras tanto, el Gobierno de Dina Boluarte sigue sin un plan concreto para enfrentar esta crisis. Guido Quintanilla, presidente de Anacopri, denunció la falta de previsión y acción de las autoridades. “Los colegios privados iniciaron el 3 de marzo, muchos el 10, pero para ese momento no contaban con ningún plan de seguridad. Recién estos días han comenzado a querer trabajar”, criticó.
La respuesta oficial es patética. En lugar de anunciar estrategias claras para frenar la ola criminal que azota a la educación, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha preferido descalificar la protesta de los colegios privados y los padres de familia, calificándola de “insólita”.
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Lo realmente insólito, señor Adrianzén, es que en el Perú ir a la escuela sea una actividad de alto riesgo. Insólito es que las bandas criminales operen con total impunidad. Insólito es el desgobierno que permite que el país se hunda en la violencia mientras los niños pierden su derecho a una educación presencial y segura.
Mientras tanto, la crisis generalizada de inseguridad sigue escalando. El violento asesinato del cantante del grupo Armonía 10, Paul Flores, y el atentado con explosivos realizado en un centro de esparcimiento en Lima Norte, ocurridos el fin de semana, evidencian el fracaso de la gestión de Santiváñez y el descontrol del crimen que se ha apoderado del país. ¿Hasta cuándo seguirá empeorando la situación?
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
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