
Escribe: Juan Diego Ugaz, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados
Con frecuencia, resulta común que, cuando se producen determinadas irregularidades o conflictos éticos en una organización, se pretenda solucionar tales situaciones “puertas adentro”. Ello resulta particularmente comprensible si se atiende a que las organizaciones siempre buscarán proteger su buena reputación corporativa y mantener el control de la situación. Sin embargo, en estos últimos años, muchas organizaciones empresariales con sólidos sistemas de compliance han comprendido que externalizar una investigación interna no solo es una muestra de transparencia, sino también una estrategia orientada a preservar la independencia, credibilidad y a minimizar riesgos legales y reputacionales para la organización.
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En efecto, externalizar una investigación interna implica delegar el proceso de investigación a un tercero independiente, que debería ser una firma legal especializada y con experiencia, que cuente con un equipo de profesionales de diversas áreas capaces de abordar las diferentes aristas legales (penal, laboral, datos personales, etcétera.) que una irregularidad o conflicto ético puede desencadenar. Ello no implica que la organización se desatenderá de su responsabilidad, sino que debe seguir el proceso de investigación de cerca, facilitando al asesor externo la información que se requiera y, llegado el momento, adoptando las recomendaciones que resulten pertinentes.

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Los beneficios de externalizar una investigación interna justifican la inversión que muchas organizaciones han optado por realizar en aras de salvaguardar sus intereses corporativos.
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Uno de los beneficios es la especialización técnica y experiencia, al encargar la investigación a una firma especializada con expertos calificados técnicamente y con experiencia comprobada en complejas investigaciones empresariales. Investigar implica no solo valerse de herramientas técnico-jurídicas, sino también de herramientas de análisis forense digital, que solo un equipo investigador externo con la experiencia suficiente podrá utilizar de manera adecuada y rápida, con las garantías correspondientes, para que, de ser el caso, la evidencia recabada pueda ser utilizada y tener validez en un proceso judicial (penal, laboral, etcétera).
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Además, al encargar la investigación a una firma legal externa, se genera una relación abogado-cliente protegida por el secreto profesional, lo que asegura que toda la información recabada se mantenga bajo estricta reserva y confidencialidad, incluso frente a las autoridades.
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Del mismo modo, es importante la objetividad, imparcialidad e independencia de la investigación. Delegar la indagación a un tercero elimina cualquier posible conflicto de interés en la investigación, al bloquear la posibilidad de sesgo, favoritismo o influencia indebida.
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Adicionalmente, la externalización permite reducir riesgos legales y reputacionales, no solo con relación a la situación materia de investigación, sino también respecto de eventos futuros, al recibir asesoramiento técnico orientado al fortalecimiento y optimización de los controles internos, a fin de mejorar las prácticas en ética e integridad de la corporación. Por lo general, una investigación mal conducida termina generando contingencias legales a las empresas, sobre todo, implicancias laborales o regulatorias. Contar con asesores externos especializados permitirá minimizar los riesgos de exposición legal y reputacional, de forma estratégica.
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En suma, externalizar una investigación interna trae ventajas particulares y es señal de madurez organizacional, al garantizar y blindar el activo más importante de cualquier organización: la reputación empresarial. Con ello, se traslada el mensaje hacia los colaboradores y socios comerciales de que las buenas prácticas en materia de integridad y ética son innegociables y que, por tal motivo, cualquier irregularidad o conflicto ético será investigado con la debida transparencia.







