La reciente interrupción del suministro de gas natural causada por la deflagración en el sistema de Camisea ha puesto en evidencia una realidad incómoda: el sistema energético peruano es más frágil de lo que creemos. Bastaron pocos días de paralización para que industrias cambiaran apresuradamente de gas a diésel, se encarecieran los combustibles y surgieran temores sobre el abastecimiento energético.
Este episodio ocurre además en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas que presionan al alza el precio del petróleo. Cuando ambos factores coinciden —interrupciones internas y shocks externos— el impacto termina llegando al bolsillo de los ciudadanos.
En ese escenario, hay un combustible que suele quedar fuera del debate público pese a su enorme importancia: el gas licuado de petróleo (GLP). Hoy más de 7 millones de hogares peruanos utilizan GLP para cocinar, lo que equivale a cerca del 73% de los hogares del país. Además, el transporte, los comercios y múltiples industrias dependen de este combustible para operar diariamente. En total, más de 28 millones de peruanos utilizan GLP en su vida cotidiana.
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Pero el sistema que abastece ese combustible presenta vulnerabilidades importantes. El Perú produce cerca del 70% del GLP que consume, y más del 90% de ese volumen proviene de los líquidos del gas natural de Camisea.
Esto significa que cualquier interrupción en ese sistema, como la que hemos visto recientemente, tiene efectos inmediatos en el conjunto del mercado energético.
A esta dependencia se suma otro factor crítico: la limitada capacidad de almacenamiento. Hoy el país cuenta con inventarios equivalentes a apenas unos pocos días de consumo. Cuando se producen cierres de puertos por oleajes anómalos o interrupciones logísticas, basta muy poco tiempo para que aparezcan escasez de balones de gas, colas en los grifos o aumentos de precios.
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En países como Japón o España, la legislación exige mantener reservas estratégicas de energía equivalentes a 40 o incluso 60 días de consumo para enfrentar emergencias. El Perú, en cambio, opera con márgenes mucho más estrechos.
En países como Japón o España, la legislación exige mantener reservas estratégicas de energía equivalentes a 40 o incluso 60 días de consumo. (Foto: Andina)
Por eso resulta evidente que el país necesita aumentar su capacidad de almacenamiento de GLP.
El sector privado está dispuesto a invertir en ampliar terminales y construir nuevas esferas de almacenamiento —grandes tanques que permiten mantener reservas adicionales de combustible— en los principales nodos logísticos del país. Estas inversiones se financian íntegramente con capital privado y contribuirían directamente a fortalecer la seguridad energética.
La crisis reciente debería servir como una señal de alerta. El consumo de GLP seguirá creciendo en los próximos años y continuará siendo una pieza fundamental de la matriz energética peruana, especialmente en regiones donde el gas natural por ductos difícilmente podrá masificarse en el corto plazo.
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Fortalecer la infraestructura energética no siempre implica grandes megaproyectos. A veces significa algo más simple: permitir que se construyan instalaciones que aumenten los inventarios disponibles y reduzcan la vulnerabilidad frente a crisis.
La interrupción en Camisea nos ha recordado que el sistema energético puede fallar. La pregunta ahora es si aprenderemos la lección o si esperaremos a la próxima crisis para reaccionar.
Mario Matuk, Gerente General de Solgas
