Escribe: Enrique Castillo, periodista
Hace exactamente una semana, en un evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, planteamos el tema de la minería ilegal como bolsón electoral, y señalamos que ni el Gobierno ni el Congreso querían pelearse ni enemistarse con ese caudal de votos, razón por la cual iban a tratar de evitar, hasta donde pudieran, la discusión y aprobación de una verdadera ley MAPE, e iban a buscar salidas “alternativas” (las prórrogas y las apelaciones) que posterguen la definición sobre tan espinoso asunto.
LEA TAMBIÉN: Maximizando el valor de la empresa se beneficia a la sociedad
En ese momento era muy difícil calcular el tamaño de ese bolsón, pero, aun así, y sobre la base de ciertos datos, nos animamos a lanzar una cifra: entre 10% y 20% del electorado, tomando en cuenta a todos los sectores involucrados en todas las regiones en las que se desarrolla esta actividad ilegal, como los mismos mineros ilegales, las personas a las que explotan laboralmente, proveedores de insumos, personas que les brindan seguridad, los que participan de la venta del producto, los comerciantes que les venden servicios de todo tipo, y las familias de todos ellos, entre otros.
LEA TAMBIÉN: Despido por bajo rendimiento: lo que todo empleador debe saber
Días después (el miércoles 23 de julio) el diario El Comercio publicó en su edición impresa y bajo el título de “El impacto político de la minería ilegal”, algunos cuadros de una encuesta realizada a nivel nacional por Datum Internacional para el Centro Wiñaq, cuyo trabajo de campo se desarrolló del 6 al 10 de junio del 2025. La información allí publicada no solo nos llamó la atención, sino que nos preocupó mucho más.
LEA TAMBIÉN: ¿Qué hacer ante posibles descansos médicos fraudulentos?
Hay que señalar que las encuestas son un material de trabajo que ofrecen la oportunidad de hacer distintas interpretaciones. Nosotros respetamos todas. Y aquí planteamos la nuestra.
LEA TAMBIÉN: Sunat: El gran daño de la impredecibilidad tributaria
Vayamos a los datos publicados. El 16.9% (casi el 17%) de los encuestados cree que la minería informal es una actividad positiva para el Perú, que genera empleo y tiene poco impacto sobre el medio ambiente.
LEA TAMBIÉN: Un año después, el nuevo aeropuerto de Anta cambia la cara del turismo en Áncash
El 8.1% de los encuestados señala que la minería ilegal no fomenta el crimen, no afecta las tasas de criminalidad; y el 10.2% dice que la minería ilegal reduce el crimen al crear empleos. Si sumamos ambas cifras, se puede señalar que el 18.3% de los peruanos cree que la minería ilegal no fomenta el crimen y, por el contrario, lo reduce.
LEA TAMBIÉN: Perú y la UE: Oportunidades en medio de la tensión global
El 8.9% de encuestados señala que se inclinaría a votar por un candidato que defienda a los mineros informales. Y el 28.1% de peruanos dice que no le parece importante la posición de un candidato con respecto a la minería informal, es decir –y este añadido es nuestro– que bien podrían votar por candidatos que apoyen a la minería informal ¿y/o ilegal?
LEA TAMBIÉN: El emprendedor corporativo necesita un entorno que facilite, no que frene
Y el 2.5% de encuestados señala que le parece muy positiva la influencia que ejerce la minería ilegal en el Congreso de la República; mientras que el 12.6% cree que esta influencia es positiva. Si sumamos ambas, tenemos que el 15.1% ve con buenos ojos la influencia que ejerce la minería ilegal en el Congreso.
LEA TAMBIÉN: Sostenibilidad: una inversión rentable
Sorprende que en algunos cuadros se pregunte sobre la minería ilegal y en otros sobre la minería informal dentro de la misma encuesta. Pero como no hemos visto la encuesta completa, podría ser que exista una explicación al respecto.
Lo que estas cifras nos permiten ver es que, efectivamente, entre el 15% y una cifra cercana al 20% de peruanos tiene una mirada positiva, favorable o muy permisiva con respecto a la minería ilegal y/o informal. Y esto es muy preocupante porque no es poco. Si lo tradujéramos a una masa electoral, estamos hablando de entre 3 millones y 4 millones y medio de votos. Digamos más restrictivamente que solo son 2 millones de votos. Pero si recordamos que en el Perú se han elegido congresistas con menos de 5 mil votos en una región, y que Keiko Fujimori perdió en dos ocasiones por una diferencia de apenas 40 mil votos, entonces entenderemos porque ese bolsón es tan apetecible para los congresistas, el gobierno, y los candidatos de todo tipo y nivel, tanto nacional como regional y local.
Alguien puede decir, mirando del otro lado de la mesa, que en contraposición, más del 75% de los peruanos está en una posición crítica frente a la minería informal e ilegal. Pero, para nosotros, eso no es como para alegrarse. Que una quinta parte de los electores mire con simpatía o benevolencia la ilegalidad de la minería, sin contar a los que simpatizan con la ilegalidad en el transporte, en la tala de bosques, en el contrabando, en el tráfico de drogas, y muchas otras actividades que mueven miles de millones de dólares y que involucran a tanta gente, sí es para preocuparse.
LEA TAMBIÉN: “Arrendamiento Justo”: ¿Un verdadero avance hacia la justicia tributaria o solo una promesa más?
Adicionalmente, estas cifras nos muestran promedios para una estadística nacional, pero estamos seguros que hay zonas donde los porcentajes favorables o permisivos con la minería ilegal e informal son mayores (y en otras zonas menores, por supuesto), porque son las zonas en donde se concentra o se desarrolla esta actividad a mayor escala. Allí los bolsones electorales son más apetecibles. Si no, ¿Cómo es que hay regiones donde sus congresistas, gobernadores regionales o alcaldes provienen de las canteras de la minería ilegal o informal o las defienden ardorosamente?
No solo es el financiamiento a las campañas. Es también el miedo a perder el favor de ese bolsón electoral. Por eso todas las bancadas votaron por ampliar el Reinfo, patearon para adelante la ley MAPE, y tratan de tirarle la pelota al Ejecutivo.
