Escribe: Juan Carlos Garcia Martínez, abogado
El mal uso de las atribuciones legislativas, viene desfigurando la naturaleza jurídica de derechos previsionales de vital importancia; por un lado, liberando los fondos que componen la Compensación por Tiempo de Servicios – CTS, y que deberían servir no sólo para compensar los años dedicados a un centro de labores, sino para mantener en buenas condiciones a un trabajador frente a un cese laboral; y por otro, desintegrando las cuentas individuales de los afiliados a las AFP.
Aunque la mayoría estemos de acuerdo en que el sistema privado de pensiones debe tener una correcta y pronta reforma, nadie podría estarlo respecto de esta octava y no ultima liberación irracional, que hará que dichos fondos pierdan liquidez y que terminen desapareciendo o siendo administrados por un ineficiente aparato estatal.
Sabiendo que, en un futuro cercano estos desembolsos afectarán socio-económicamente a los trabajadores-aportantes; al mismo Estado, que tendrá que asignar parte de la deficiente recaudación tributaria a una probable población anciana en pobreza; e incluso como lo mencionó hace unos días, el presidente del BCR, Julio Velarde, al mismo mercado de capitales, al no poder cubrir inversión a largo plazo, pública y/o privada; nosotros solo damos chispazos de mortificación por algunas semanas, sin una posterior acción planificada e integral para frenar estas malas decisiones; menos aún con los cambios en el sillón presidencial.
Con algunos riesgos identificados, podemos tener más claro quiénes serían los actores en este panorama sombrío: en el vector político, tenemos (i) un Congreso dador de malas normas, que continuará con estos desembolsos; y que no entrará en razón en busca de rédito electoral, acompañado de (ii) un Poder Ejecutivo poco fuerte y complaciente; y en el vector social consideramos a (iii) trabajadores formales, algunos ávidos de optar por el retiro y otros en dudas sobre la disposición; (iv) potenciales trabajadores que hoy protestan sin entender el fin previsional; y (v) empresas privadas y/o el Tesoro Público, deficitarias de inversiones a largo plazo.
Con impactos previsibles y batallas políticas perdidas, resulta muy importante generar una estrategia conjunta para poner freno a estas indiscriminada desnaturalizaciones; que no solo debe incluir una tardía educación financiera previsional: en mis 25 años de trabajo he recibido más de 10 llamadas para trasladar mis fondos, pero nunca una propuesta de visita, coordinadas con alguno de mis centros de laborales, para explicar el funcionamiento previsional, una revisión de la conveniencia de procesos constitucionales ante una posible violación del derecho fundamental a una pensión de jubilación; y ante una probable desaparición de las AFP, la promoción de trasladar como cuentas intangibles y no disponibles de los aportes obligatorios, a administradoras de fondos de inversión u otras entidades financieras, que permitan tener más alternativas a menores comisiones.
