Escribe: Iván Blume, socio de Cuatrecasas
Se ha publicado la Ley No. 32353, la nueva Ley MYPE, que introduce cambios importantes en las obligaciones laborales y en las sanciones aplicables al sector. Estos cambios buscan no solo fortalecer el cumplimiento de la normativa, sino también contribuir a la reducción de la informalidad en el ámbito laboral. En el presente artículo, analizaremos algunas de las principales modificaciones y su potencial impacto en la formalización de las micro y pequeñas empresas.
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En primer lugar, destaca la ampliación del ámbito de aplicación, incluyendo no solo a las micro y pequeñas empresas tradicionales, sino también a asociaciones de propietarios, agrupaciones de vecinos y microempresas dedicadas a actividades específicas como la venta de bebidas tradicionales. Con este cambio, se busca fomentar la formalización de un grupo más amplio de pequeños empresarios.
¿Cuáles son las principales críticas a la Ley MYPE?
Sin embargo, la ley no está exenta de críticas. El Poder Ejecutivo, en sus observaciones, advirtió que las modificaciones podrían incrementar en más de un 14% los costos no salariales para las MYPE. La carga adicional de estos costos puede representar un desafío para empresas con recursos limitados. En la práctica, muchas microempresas enfrentan dificultades para cumplir con el pago de diversos beneficios laborales, especialmente en contextos de alta competencia y baja capacidad de trasladar costos al consumidor. Este aspecto debe ser considerado, pues según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, la informalidad laboral en el Perú alcanzó el 70.9% en el 2024. El incremento de nuevos costos o la imposición de más obligaciones obstaculiza el tránsito hacia la formalidad.
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La ley también introduce una mayor flexibilidad para la permanencia en el régimen laboral especial. Si una empresa supera, durante dos años consecutivos, los límites de ventas establecidos para ser considerada MYPE, podrá conservar el régimen especial hasta por tres años consecutivos antes de pasar al régimen laboral que corresponda. Anteriormente, el cambio de régimen era obligatorio tras dos años consecutivos de superar el umbral de ventas. Esta modificación otorga un margen de adaptación a las empresas en crecimiento, evitando que un aumento temporal en las ventas implique una carga económica inmediata y desproporcionada.
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Asimismo, en materia de formalización, esta nueva ley promueve la simplificación de trámites, permitiendo la constitución en línea de empresas en un plazo máximo de 48 horas y exonerando del pago de tasas registrales a aquellas con capitales menores a 4 UIT, equivalentes a S/ 21,400. Estas medidas pueden facilitar el acceso a la formalidad, aunque su impacto dependerá de la capacidad de los organismos públicos para difundir esta información y operar sistemas eficientes y accesibles.
¿Cuáles son algunos de los aspectos positivos de la Ley MYPE?
Por otro lado, la ley también se enfoca en la prevención y capacitación, en lugar de las sanciones. Las multas por infracciones laborales se reducen en 50% para pequeñas empresas y en 70% para microempresas. Además, se promueve que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) adopte un rol de fiscalización preventiva, en la que se priorice más la capacitación y la corrección antes que la imposición de sanciones, principalmente cuando se identifiquen infracciones leves o primeras infracciones. Con estas medidas se busca evitar el cierre de empresas por sanciones que pueden generar un impacto económico desproporcionado.
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En esta línea, las MYPE que generen renta de tercera categoría y se encuentren en el régimen general podrán acceder a un crédito tributario contra el impuesto a la renta por los gastos de capacitación, siempre que estos no excedan el 1% de su planilla anual. Esta disposición incentiva la formación de los trabajadores, contribuyendo a la mejora de la productividad y la competitividad del sector.
¿En qué podría mejorar la Ley MYPE?
En cuanto a las oportunidades de mejora, sería relevante que se incluyan beneficios e incentivos más tangibles para que las empresas informales consideren transitar hacia la formalidad. De lo contrario, la formalización seguirá siendo percibida como una carga, y no como una oportunidad.
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En este contexto, es recomendable que se revise detalladamente la nueva normativa, se evalúe el impacto de los cambios y se aprovechen los beneficios disponibles. Además, se debe considerar que el Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de 70 días calendario para aprobar el reglamento de esta nueva ley, en el cual pueden introducirse precisiones y desarrollos relevantes para reducir la informalidad.
Resulta fundamental que el Estado complemente la ley con políticas de apoyo financiero y se adopten medidas de simplificación administrativa real, con el fin de que la formalización sea una opción viable y atractiva para las MYPE.
