Estamos viviendo una etapa de alta inseguridad jurídica tributaria y, a la par, las muestras de un gran apetito recaudador.
En efecto, si nos ponemos a pensar en los aspectos fiscales más relevantes hoy en día, la fiscalización ha abierto de manera implacable sus fauces más temidas, siendo que lo aparentemente se buscaría es la acotación al pobre contribuyente, bajo argumentos deleznables.
Por ejemplo, la aplicación del DL 1532 que menciona la aplicación de la figura del “Sujeto sin capacidad Operativa” muchas veces choca con aspectos que son claramente inconstitucionales, como es el de retrotraer la actuación del proveedor mal calificado a marzo del 2022; la aplicación de un plazo de 30 días para pedir una revisión de facturas por el comprador, que si no se solicita determinaría la aplicación del desconocimiento del gasto y crédito fiscal, y si uno reclama de los valores, “no se admite prueba en contrario”.
¿De cuándo aquí el que no se respete un plazo determinará una deuda que no es reconsiderable? Nos inventamos una acotación donde no se ha probado aún nada. ¿Debe un comprador verificar si su proveedor es un SSCO? ¿Y -como sucede en varios casos- si este proveedor en ciernes ha contratado a terceros y por ello no tiene a su cargo un local “apropiado”, o trabajadores en planillas?.
Otro caso hoy es el de los golpeados restaurantes, en donde muchos están recibiendo Esquelas de Citación para que señalen si han rectificado o no la tasa del 8% de IGV a la de 16% (el doble), ya que se les advierte que bajo la Ley 31556 y su reglamento, están dentro de un “grupo empresarial” y por ende no debieron acogerse a los beneficios de una tasa reducida del IGV para las Mypes.
Y este atropello recaudador se está olvidando de que detrás de esta interpretación está la Ley Mype, que debe concordarse plenamente, ya que es la norma matriz y que señala que se pierde la condición de Mype si se superan las 1,700 UIT de Ingresos anuales.
A pesar de que el restaurante y su vinculada no superan ese tope, se les pretende hacer pagar la tasa general del IGV y de manera retroactiva a la detección, lo cual está generando deudas impagables, quiebra de empresas y la desesperación de los restaurantes afectados, los cuales obviamente se podrán defender en la vía respectiva de este atropello legal.
Y esta coyuntura pasa por normas que no se reglamentan (DL 1669 como ejemplo, respecto del plazo de anotación de facturas em el Registro de Compras); un SIRE constantemente aplazado; facultades delegadas que han obviado modificaciones fiscales fundamentales, como es el caso de simplificar los Regímenes Tributarios, incentivar la contratación de jóvenes, etc.; además de fiscalizaciones actualmente abusivas, en donde los errores por ejemplo en una guía de remisión que se recibe, o un contrato no legalizado, determinan la pérdida del crédito fiscal, ya que a través de ello se determinaría que la “operación no es real”.
Da la impresión entonces que la balanza tributaria se inclina groseramente a favor de una recaudación a toda costa, totalmente injusta y deshumanizada, sin priorizar aspectos claves como aumentar la formalización; aunado ello a la existencia de una reducida colaboración del Fisco, en detrimento, todo ello, de los contribuyentes, que agobiados pueden ya estar pensando pasarse al lado informal, algo que obviamente no promovemos y lamentamos.
Muchos aspectos han quedado desde años en el tintero, como el hecho de eliminar las multas leoninas (al parecer también de índole recaudatorias, lo que viola la “finalidad disuasoria” de ellas); la existencia de un plazo de revisión de Precios de transferencia sin vencimiento; la carencia de una educación de nivel para mejorar la cultura tributaria; supuestos subjetivos en prórrogas de los plazos y la aplicación de la base presunta; plazos diminutos en los Requerimientos de fiscalización y un pedido de prórroga de dichos plazos sujeto a la buena voluntad del fiscalizador; detracciones que no son liberadas, y un largo etc.
La foto ha sido develada y no es alentadora hacia el contribuyente.
Esperemos que cambie pronto todo lo descrito, ya que lo que se ha indicado aquí son aspectos que hace tiempo siguen igual y desalientan lamentablemente el cumplimiento oportuno.
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira es catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC y director de la Maestría en Tributación de la UPC.
