Escribe: Galantino Gallo, CEO de Prima AFP.
Por muchas razones, la formalidad es sinónimo de seguridad. Para empezar, los trabajadores formales tienen una serie de beneficios que les permiten gozar de tranquilidad en momentos clave de sus vidas.
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Por ejemplo, los que se convierten en padres están facultados por la ley, y por la flexibilidad que cada empresa pueda ofrecer, a pasar tiempo con sus recién nacidos sin la preocupación de que haya un corte en sus ingresos o en su permanencia en la empresa. De ocurrir un accidente o revés en la salud, algo de lo que nunca estamos libres, la formalidad garantiza que se podrá recurrir a un seguro y seguir percibiendo ingresos durante la convalecencia. Asimismo, cuando llega la hora de la jubilación, quienes trabajaron en el sector formal tienen el respaldo de una pensión, por haber aportado al sistema previsional. Una circunstancia que, además, sirve de alivio económico para sus familiares y para el país en general.
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A todo se suma, además, el acceso a vacaciones pagadas y la acumulación de una compensación por tiempo de servicio (CTS).
Pero la seguridad de los trabajadores se desprende de la que una empresa obtiene por ser formal. Como es obvio, estas tienen acceso a un conjunto de ventajas que fortalecen su estabilidad y capacidad de crecimiento. Para empezar, pueden acceder a financiamiento en mejores condiciones, lo que les permite invertir en su desarrollo sin recurrir a opciones informales o ilegales de alto costo (tanto económico como de seguridad). Además, se les abren las puertas a mercados más amplios, ya que muchas compañías y entidades públicas solo establecen relaciones comerciales con proveedores registrados y con sus obligaciones en regla. Asimismo, se termina por construir una relación de mayor confianza con los clientes y los socios estratégicos.
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Por otro lado, una empresa formal está mejor protegida de riesgos legales y sanciones que pueden comprometer su continuidad. Cumplir con las normas permite evitar multas y riesgos sobre la operación de un negocio, lo que, en el largo plazo, conlleva mayor previsibilidad y sostenibilidad para este. Un factor que contribuye a otro: los negocios en este sector son atractivos para el mejor talento, que suele buscar, además de estabilidad económica, una mayor proyección de crecimiento profesional.
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Lamentablemente, aunque los beneficios de la formalidad son evidentes, el camino para alcanzarla no siempre es sencillo y suelen ser las microempresas (que representan más del 94% de nuestro tejido empresarial) las que enfrentan la mayor cantidad de barreras estructurales para acceder a la seguridad que da la formalidad. Y, como consecuencia, la amplia mayoría de peruanos (alrededor del 70%) se desempeña en el sector informal.
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Por ello, es necesario limar los obstáculos que hoy dificultan la formalización. Como señala un informe de Macroconsult para IPAE, hoy el alto costo de contratación en el país es un desincentivo importante, especialmente para los negocios más pequeños. Por ejemplo, medidas como el sueldo mínimo (al que, además, accede apenas una fracción de la población), la obligatoriedad de reparto de utilidades en empresas con más de 20 trabajadores y la falta de flexibilidad en los regímenes tributarios fuerzan a que muchos emprendedores opten por mantenerse en la informalidad.
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De hecho, la “Radiografía de la informalidad en el Perú”, hecha por Mibanco y el Banco de Ideas Credicorp en colaboración con Ipsos Perú, muestra que el 88% de emprendedores informales está interesado en formalizarse. Y algunas de las razones por las que no lo hacen dicen mucho de cómo están construidas las leyes y el sector público en nuestro país: información poco clara sobre el proceso (22%), los costos (64%) y la complejidad burocrática (60%).
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Esos son los puntos que se deben aliviar. Ser formal debería, además de simple, ser atractivo en términos de beneficios tangibles para los colaboradores y empleadores. Un sistema que equilibre el acceso a protecciones básicas con flexibilidad para las empresas permitiría que la mayoría goce de lo que hoy solo puede tener una minoría. Y esto implica revisar y ajustar la regulación laboral y tributaria con base en principios económicos que faciliten el crecimiento de negocios y el bienestar de quienes los componen.
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