Escribe: Orlando Marchesi, socio Principal y Líder de Tax & Legal de PwC Perú
(7 de abril del 2025) Esta semana me encontré con el Proyecto de Ley 10479/2024, presentado por el Grupo Parlamentario Bancada Socialista, que propone la modificación de la Ley de Regalía Minera y del Impuesto Especial de Minería (IEM).
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Al respecto, cabe resaltar que la minería es la actividad económica de mayor contribución a la recaudación fiscal en Perú. En adición al Impuesto a la Renta, la minería está sujeta a la Regalía Minera, IEM, y al Gravamen Especial de Minería (GEM). Este último, aplicable solo a aquellas empresas que voluntariamente suscribieron convenios para hacer un aporte voluntario bajo un esquema similar al IEM. Al igual que el IEM y el GEM, la Regalía Minera es calculada sobre la utilidad operativa de la empresa minera.
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Este esquema se introdujo en el 2011, luego de un trabajo conjunto de un grupo de especialistas del MEF, Sunat y el sector privado, representando a la SNMPE, dentro de los que tuve la suerte de estar. Así el Gobierno y el sector privado consensuaron que la mejor forma de gravar a la industria minera era en función a la utilidad operativa y no en función a los ingresos, dado que los gravámenes sobre ingresos significaban un peso enorme para proyectos de menor rentabilidad, al punto inclusive, de hacerlos inviables.
Este esquema ha funcionado bastante bien desde su creación, aportando enormes sumas cuando la cotización de los minerales es alta, y menores cuando su cotización cae. En el 2024, la minería aportó S/ 18,383 millones, monto 14.1% mayor al del 2023. (*).
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El proyecto de ley busca promover una contribución justa y mejorar las necesidades de atención del gasto público. Sin embargo, en mi opinión, este parte de una premisa equivocada, pues las necesidades del gasto público no dejan de atenderse por falta de recursos sino por falta de capacidades de gestión y de administración de proyectos en los tres niveles de gobierno, siendo más dramática su carencia a nivel de los gobiernos locales.
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En efecto, el presupuesto institucional modificado para la inversión pública en el 2024 ascendía a S/ 70,984 millones. Entre enero y noviembre de ese año, se ejecutaron S/ 46,839 millones, lo que representó el 66% del presupuesto total. Los gobiernos locales, solo ejecutaron en ese período el 55% de su presupuesto, el gobierno nacional 75.3% y los gobiernos regionales 70.5% (*).
Por tanto, en la medida en la que no mejoremos las capacidades de gestión y administración de proyectos, cualquier incremento en la recaudación tendrá muy bajo impacto en beneficios para la población. Arreglemos lo que no funciona, es decir las capacidades de gestión del estado y no el esquema de recaudación minera, que ha demostrado funcionar bastante bien.
(*) Fuente: MEF
