Cuando decimos que nuestro país es grande, lo solemos hacer más como un lema que como una reflexión profunda. Solo la gran Lima, hoy de aniversario, alberga casi a tantos habitantes como la suma de dos países enteros: Paraguay y Uruguay. Con 10.4 millones de personas, nuestra capital alcanzará hacia 2026 una población cercana a la de ambas naciones combinadas y concentrará alrededor de la tercera parte de los peruanos. Sin embargo, esta magnitud no es solo un dato demográfico, representa un reto colosal en la provisión de agua y saneamiento.
A pesar de que el número de conexiones en Lima crece anualmente, la cobertura porcentual se mantiene estancada desde hace años. Este fenómeno responde a tres factores críticos: el crecimiento urbano no planificado, la lentitud en la ejecución de inversiones y el altísimo costo de las nuevas obras. Actualmente, cerca de 800 mil limeños carecen de acceso a agua potable, sumándose a los 1.9 millones de peruanos urbanos que viven en esta situación crítica.
Llevar agua a las zonas de expansión de Lima Metropolitana es un desafío titánico y costoso. La geografía de nuestras periferias, caracterizada por suelos rocosos y terrenos elevados, exige una infraestructura compleja de reservorios y sistemas de impulso que eleva el precio de cada conexión a niveles alarmantes.
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En Lima, el costo de una conexión de agua y alcantarillado puede alcanzar los S/ 90 mil. Para dimensionar esta cifra, basta compararla con la inversión de una familia en una zona periurbana: según GRADE, construir una vivienda en estos sectores demora en promedio 16 años y supera los S/ 146 mil (al 2022). En la práctica, la inversión pública “sombra” para dotar de servicios básicos a una casa equivale a cerca de dos tercios del valor total de la propia vivienda
La ciudad, por su parte, crece a un ritmo de 1.5% anual, lo que suma cerca de 150 mil nuevos habitantes cada año. Esta inmensa demanda de servicios se ve agravada por un crecimiento horizontal que expande las fronteras de la ciudad día tras día.
A esto se suma la urgencia de acelerar las inversiones. En promedio, un proyecto de inversión pública tarda 10 años en gestarse. Esta demora explica por qué el 42% de las personas en zonas sin servicio desconoce si existen proyectos para su área, a pesar de llevar viviendo allí una media de 17 años.
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Más allá de la brecha estadística, la verdadera urgencia radica en el impacto directo sobre las familias más vulnerables. Las familias no conectadas consumen menos agua (6 m3 frente a los 15 m3 de una familia con red), pero pagan un precio exorbitante de S/ 22 por m3, frente a los S/ 3.2 del servicio formal.
Además del golpe al bolsillo, existe un costo de oportunidad invisible: el tiempo. Los hogares sin conexión deben dedicar 40 minutos en promedio a abastecerse mediante camiones cisterna, e incluso un 12% del total de hogares le dedican más de una hora a dicha actividad, perdiendo tiempo valioso que podría destinarse al estudio o al trabajo.
La falta de agua y saneamiento no solo limita la calidad de vida, sino que expone a riesgos de salud críticos a niños, adolescentes y madres gestantes. Para revertir esta situación, la solución no es exclusivamente financiera, sino de planificación urbana. Si no apostamos por densificar nuestras ciudades en lugar de permitir un crecimiento horizontal desmedido, ninguna inversión será suficiente. Reducir los tiempos de ejecución de las obras y planificar nuestro crecimiento son hoy elementos centrales y urgentes para nuestro desarrollo nacional.
