El próximo 26 de octubre se cumplirán 25 años de la suscripción, en el Palacio de Itamaraty, del Acta de Brasilia. Con ella se puso fin a 150 años de conflicto entre el Perú y Ecuador, por la falta de demarcación de 78 km de frontera.
Resulta ilusionante llegar a las bodas de plata de este acuerdo de paz, con la adjudicación –prevista para fines de julio– de la concesión para la construcción y operación del proyecto S.E. Piura Nueva – Frontera. Se trata de una línea de transmisión en 500 kV, con una inversión estimada en US$ 217 millones y de 270 km de extensión, que integrará energéticamente a nuestro país con el Ecuador . Una vez implementada, Perú podrá importar hasta 1,500 MW de potencia y exportar hasta 1,100 MW de excedentes. En una segunda etapa, ambos países podrán transar hasta 2,200 MW de electricidad.
Las ventajas de la integración eléctrica entre ambos países no solo son políticas sino económicas, al existir complementariedad hidrológica entre ambos. Dado que las estaciones lluviosas y secas ocurren en momentos distintos: cuando el Perú tiene menor producción de energía por falta de lluvias, es tiempo de avenida en el Ecuador y de mayor producción hidroeléctrica, y viceversa; en consecuencia, la interconexión permite compensar el déficit estacional con la energía que se importe del país vecino.
Esta sinergia hidrológica, que se aprovecharía con la interconexión, permitirá importar energía a precios menores del costo de generar con petróleo, beneficiando así a los consumidores nacionales. Además, reduce nuestra huella de carbono, pues en lugar de quemar combustibles fósiles, adquirimos energía verde del Ecuador (que es mayormente hidroeléctrica). No menos importante es que la interconexión fortalece la seguridad del suministro, reduciendo el riesgo de apagones y mitigando el incremento de los costos marginales debido al retraso en la construcción del gasoducto del sur. Una ventaja adicional es que fomenta la inversión en generación, al tener un mercado ampliado, con la posibilidad de exportar excedentes.
Para que esta promesa se haga realidad, sin embargo, es necesario enfrentar desafíos económicos, políticos y regulatorios.
Es necesaria la concertación entre actores estatales y privados de Perú, Ecuador y Colombia –país que se encuentra interconectado con Ecuador–. Esta ha sido, en gran parte, facilitada por la existencia de decisiones de la Comunidad Andina de Naciones sobre interconexión energética regional. Sin embargo, aún están pendientes de aprobación los reglamentos que pongan en vigencia la Decisión 816 de la CAN y hagan posible la creación del Mercado Andino Eléctrico Regional (MAER) entre estos tres países.
Otro riesgo presente en una interconexión internacional es el desfase que puede existir en relación con el avance de las obras entre la parte peruana y la ecuatoriana, pues cada una de ellas tiene a su cargo la construcción de la línea de transmisión hasta su respectiva frontera.¿Qué sucede si los peruanos terminan las obras antes que su contraparte del norte, o viceversa? ¿Quién y cómo se asume el tiempo de espera sin poder habilitar la interconexión?.
El riesgo de desfase de las obras no puede ser asignado al concesionario, por estar fuera de su control y afectar la bancabilidad de una línea de transmisión, cuya inversión se financia en alrededor del 80%, con recursos del sistema financiero. Fue, justamente, su falta de mitigación, lo que llevó al fracaso de la anterior convocatoria (en el 2022). En esta oportunidad, el Estado ha asumido la obligación de compensar al concesionario el retraso, hasta por 180 días, reconociéndole un monto igual al de su oferta económica. Se contempla también la posibilidad de terminación del contrato por imposibilidad de la interconexión, reconociéndose al concesionario la correspondiente indemnización.
Un tercer desafío es la necesidad de ponerse de acuerdo en la compartición de las rentas de congestión; es decir, del diferencial de precios de energía entre el país importador y el exportador. La experiencia de la interconexión entre Colombia y Ecuador ha llevado a que la Decisión 816 de la CAN establezca la salomónica decisión de compartir por igual dichas rentas; generando los incentivos para la interconexión aun en el supuesto que uno de los dos países sea netamente exportador de energía.
Es motivo de orgullo ver que nuestro país haya sabido enfrentar estos desafíos, corrigiendo errores en el camino. Han precalificado cuatro empresas de primer nivel y de cuatro nacionalidades distintas (brasileña, colombiana, chilena y española). Solo queda esperar que la adjudicación sea un éxito y que, en el 2027, la interconexión entre Perú y Ecuador sea una realidad.
