
Escribe: Sandra Chicoma, Asociada Senior de la práctica Aeronáutica de CMS Grau
Los proyectos de Ley 1874/2021-CR y 9509/2024-CR, plantean modificar la Ley de Aeronáutica Civil para prohibir la sobreventa de pasajes aéreos y fortalecer las compensaciones por retrasos y overbooking, son un ejemplo de los intentos de sobrerregulación que se discuten en el Congreso. Aunque buscan otorgar mayores derechos a los usuarios, en la práctica podrían generar el efecto contrario.
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Este tipo de medidas reduce la competitividad de las aerolíneas y afecta la predictibilidad del negocio, un factor esencial para los inversionistas en un sector ya vulnerable a factores externos como la volatilidad de los combustibles, los cambios regulatorios internacionales o la propia dinámica de la demanda turística. En lugar de generar confianza, se promueve la incertidumbre.

Conviene recordar que, lejos de carecer de protección, el Perú ya cuenta con una de las regulaciones más estrictas de la región en materia de defensa del consumidor aéreo, solo detrás de Brasil. Los pasajeros están amparados por el Código de Protección al Consumidor, el Convenio de Montreal, la Ley de Aeronáutica Civil y la Decisión 619 de la Comunidad Andina, que contemplan compensaciones por cancelaciones, demoras, daños o pérdidas de equipaje. Además, la presencia de una oficina de INDECOPI en el aeropuerto Jorge Chávez asegura la atención en tiempo real de los reclamos de los usuarios.
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Imponer nuevas restricciones sin un análisis técnico ni de impacto económico puede encarecer los boletos aéreos y limitar la conectividad nacional e internacional. Una aviación menos competitiva no solo afecta al pasajero, sino también al turismo, al comercio exterior y a la atracción de inversión extranjera. En un país con geografía compleja como el Perú, donde el transporte aéreo es vital para la integración territorial y el desarrollo regional, el costo de medidas mal diseñadas puede ser muy alto.
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El verdadero reto no pasa por sumar más normas, sino por asegurar que las existentes se cumplan de manera efectiva y que los mecanismos de fiscalización funcionen con eficiencia. El país necesita un marco regulatorio estable y predecible, que proteja al consumidor sin sacrificar la competitividad del sector. De lo contrario, medidas que parecen beneficiosas en el corto plazo podrían desincentivar la inversión y restar oportunidades de crecimiento a un sector estratégico para la economía, el turismo y la integración del Perú con el mundo.