Escribe: Humberto Zúñiga, vicedecano de Derecho de la Universidad del Pacífico e investigador CIUP
La guerra comercial desatada por Donald Trump ha generado serios cuestionamientos en la comunidad internacional, sobre todo por el desconocimiento que dichas medidas suponen a tratados de libre comercio y a compromisos internacionales asumidos por los Estados Unidos, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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¿Realmente son los aranceles elevados una solución efectiva al daño que sufren las industrias nacionales ante la competencia de productos extranjeros? Y, más aún, ¿hasta qué punto resulta legítima la postura de Trump, al señalar que estas medidas son necesarias para proteger las industrias norteamericanas y promover la fabricación local?
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La respuesta a ambas preguntas es no. Existen mecanismos legítimos reconocidos por la comunidad internacional para hacer frente al ingreso de productos extranjeros a precios bajos que afectan a la industria local, sin recurrir a medidas unilaterales como los aranceles globales. Uno de ellos son los derechos antidumping, cuya regulación cae dentro de la esfera de la OMC; organismo que desde 1995 cuenta con un acuerdo en esta materia.
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Básicamente, los derechos antidumping son, en términos sencillos, sobretasas arancelarias impuestas luego de una investigación llevada a cabo por las autoridades del país de destino, y que tienen por objeto corregir el daño a la rama de producción nacional generada por el ingreso de productos a precios muy bajos. Precisamente, los derechos antidumping buscan corregir esa distorsión, ya que a través del pago de esa sobretasa el producto podrá ingresar en un escenario de competencia al mercado local.
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Las medidas adoptadas por Trump no solo contravienen los compromisos asumidos ante la OMC, sino que también afectan las propias industrias locales que supuestamente buscan proteger. Al encarecer artificialmente insumos clave, estas medidas aumentan los costos de producción, reducen la competitividad de las empresas nacionales y pueden incluso derivar en la pérdida de empleos.
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Trump ha sido bastante crítico con la OMC, cuestionando su imparcialidad, y señalando entre otras cosas, que no ha sido efectiva para abordar las prácticas comerciales de China; por ejemplo, cuando este organismo dictaminó en el 2020 que los aranceles impuestos por los EE.UU. sobre productos chinos, por más de 200,000 millones de dólares, infringían las normas multilaterales.
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Queda claro que la guerra comercial no encuentra sustento técnico ni legal. Al margen de lo señalado por la mayoría de los expertos, en el sentido de que estas medidas son perjudiciales para el pueblo estadounidense, pues afectarán mayormente a los consumidores y compañías norteamericanas.
