La Comisión de Energía y Minas del Congreso ha aprobado un dictamen para modificar la Ley General de Minería. Entre sus propuestas destacan la reducción del plazo para iniciar operaciones de las concesiones de 30 a 15 años, el incremento de la tasa del derecho de vigencia, el endurecimiento de penalidades y la incorporación de mecanismos de participación de comunidades aledañas en las decisiones empresariales del sector. Una reforma de esta naturaleza carece de sustento técnico y representa una amenaza directa sobre el motor más importante de nuestra economía.
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La minería formal es, hoy, el sector industrial más grande del Perú. Responsable del 66% de nuestras exportaciones en el 2025 y de aproximadamente el 15% de la recaudación tributaria. Es también generadora de empleo directo e indirecto, promotora del desarrollo tecnológico, impulsora de economías regionales y soporte real de comunidades que, sin ella, simplemente no tendrían las mismas oportunidades. Esta es la gallina, y el Congreso parece estar dispuesto a sacrificarla.
Este cambio, además de debilitar la seguridad jurídica y promover la confiscación indirecta, promueve la minería ilegal. (Fotocomposición: ChatGPT, Mía Ríos, Diario Gestión)
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Reducir el plazo para iniciar las operaciones de las concesiones de 30 a 15 años no responde a ningún criterio técnico ni financiero. Los proyectos mineros requieren, en promedio, 40 años para alcanzar un nivel de madurez sostenible. Acortar ese horizonte temporal no reforma el sector: lo expulsa del mapa de inversiones. Ningún inversionista serio compromete capital de la magnitud que exige la minería sin la certeza mínima de poder recuperarlo. La consecuencia es predecible: mirarán otras jurisdicciones. Chile, Colombia, Brasil y México están dispuestos a recibirlos con reglas más claras, plazos más racionales y menores costos.
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Sumar a esto la apertura de espacios de participación comunitaria en el accionariado, las decisiones financieras y operativas de las empresas es, en la práctica, institucionalizar la indecisión, el retraso y el conflicto, y lo que es más peligroso aún; equivale a dar el primer paso hacia un camino de desprecio por la propiedad privada. No se trata de ignorar a las comunidades, sino de entender que las decisiones de inversión requieren capacidad técnica y certeza jurídica, no nuevas variables de bloqueo. Este cambio, además de debilitar la seguridad jurídica y promover la confiscación indirecta, promueve la minería ilegal: cuando la formalidad se vuelve inviable, la informalidad llena el vacío y con ella, todas las actividades ilícitas que hoy nos hacen tanto daño.
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El impacto fiscal tampoco es menor. A menor inversión, menor recaudación y un Estado que recauda menos podría incumplir sus obligaciones básicas. Un Estado que no puede financiarse tiene pocas salidas honrosas: recortar servicios, endeudarse o imprimir dinero. Las dos últimas opciones tienen nombre e historia en el Perú: inflación, inestabilidad económica y deterioro del bienestar social. El gran activo reputacional del Perú hoy es su estabilidad fiscal. Ponerla en riesgo por una norma sin análisis técnico serio es simplemente irresponsable.
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Esta propuesta, sumada a la ampliación del REINFO, muestra una tendencia preocupante: la sustitución del criterio técnico por el cálculo político de corto plazo. Pareciera que detrás de esta reforma no existe una evaluación seria de sus consecuencias técnicas, fiscales y sociales. Lo que sí se percibe es una orientación populista que genera expectativas sin sustento y erosiona la confianza del inversionista.
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Un gran amigo solía repetirme con humor: “¿Para qué hacerlo fácil, si lo podemos hacer difícil?”. Hoy aplicado a esta situación, ya no tiene gracia. Efectivamente, el resultado puede ser desastroso e irreparable. El costo de equivocarse lo pagará todo el país.
Carlos Rodríguez Summers es socio líder de Asesoría Tributaria y Legal de KPMG Perú.
