Escribe: Carlos Gallardo Torres, gerente general del IPE
Muchos coinciden en que el rol empresarial va más allá del pago de impuestos y el brindar empleo digno. Tiene que ver, por ejemplo, con estrategias de valor compartido; el apoyo a think tanks e iniciativas de la sociedad civil; y la propia búsqueda de una democracia sólida y mejores políticas públicas. Muchos en el sector privado han tomado acción, no solo lo han dejado en palabras y comunicados.
Antes escribí sobre cómo el sector privado puede acompañar el proceso de cierre de brechas regionales e impulsar mejores políticas públicas. En este artículo resumo dos ideas adicionales sobre las que el privado debe no solo encontrar consensos, sino tomar acción en la CADE Ejecutivos que comienza hoy.
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Minería ilegal
En la víspera del debate de su quinta ampliación solo se habla del Reinfo, pero pocos han escuchado hablar del Recpo, el registro de los comercializadores y procesadores de oro, y que cuenta con cerca de 12 mil registrados. El control de la trazabilidad –a fin de asegurarse que el oro es legal a lo largo de su cadena de valor, desde su extracción, procesamiento y comercialización– es vital y por eso el Recpo resulta clave en una estrategia de control de la trazabilidad, que hoy es inexistente.
Pero ese es solo un ejemplo de que, sin una estrategia integral de combate a la minería ilegal, será difícil ver cambios. El IPE propuso una estrategia este año y tiene seis pilares: interdicción, acompañamiento en la formalización, trazabilidad, presencia del Estado y desarrollo de actividades económicas alternativas viables; fortalecimiento y coordinación de instituciones responsables; y, coordinación transfronteriza.
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El IPE estima que ejecutar la cartera de proyectos mineros permitiría reducir la pobreza en cerca de 22 puntos porcentuales al 2040. Sin embargo, esta oportunidad es efímera sino se combate efectivamente a la minería ilegal, que es la principal amenaza para el desarrollo. Y el problema es cada vez más grave: estimamos que las exportaciones de oro ilegal alcanzarían un máximo histórico de al menos US$ 6,840 millones este año, 41% más que en el 2023.
¿Qué puede hacer el sector privado? Existen algunas iniciativas privadas en progreso para asegurar una mejor trazabilidad y que buscan involucrar actores de toda la cadena: mineros artesanales, grandes mineras y proveedores. Otras, como el Colectivo PAS, avanzan en el camino de generar conciencia y movilizar a la ciudadanía. Son ambas un buen punto de inicio para la acción empresarial conjunta, pero que debe profundizarse. “Yo compro seguro, yo vendo seguro, y le digo no a la minería ilegal” podría ser el slogan mientras se continúa exigiendo que el Estado avance seriamente en el combate a esta actividad.
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Incentivos tributarios
En el 2023 se impulsó la aprobación de una nueva ley de industrias llena de exoneraciones y serias falencias técnicas. Este año, se discutirá la ampliación de los incentivos tributarios para hoteles y restaurantes, que ya han costado S/ 1,400 millones desde el 2022. Además, se ha condicionado la promesa de desarrollo de Huaral y del país a asegurar una tasa de impuesto a la renta de 0% para la Zona Económica Especial del nuevo puerto de Chancay. Finalmente, se suspendió la aplicación de un decreto supremo del MEF que buscaba que el drawback devuelva solo los aranceles efectivamente pagados y deje de ser así un subsidio.
En el IPE compartimos los objetivos de desarrollar la industria nacional, el turismo y las exportaciones no tradicionales, pero diferimos en los mecanismos planteados cuando se concentran exclusivamente en la dación de incentivos tributarios. La evidencia en el Perú al respecto es de que tienen poco o nulo impacto. Los impactos ocurren cuando se implementa una estrategia integral. Es el caso del sector agroindustrial donde se firmaron tratados comerciales, se desarrolló infraestructura, se cumplieron requisitos sanitarios y hubo mayor coordinación pública-privada, entre otros.
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Entonces, ¿Qué puede hacer el privado?
- Así como se exige que el Congreso deje de impulsar y aprobar normas sin el necesario análisis costo-beneficio, corresponde exigir lo mismo con las propuestas de incentivos tributarios desde los gremios. Los escasos recursos públicos, en medio de un déficit creciente, están en juego, ¿por qué una exoneración tributaria sin evidencia de resultados es un mejor destino de los recursos públicos que los recursos usados para el salvataje de Petroperú? No caben aquí argumentos como “mi incentivo es menos malo”.
- Según la OCDE, la inversión que aprovecha ventajas tributarias en ausencia de cambios complementarios es la que solo busca beneficios de corto plazo. Eso, en contraposición a relaciones de largo plazo con el país que la alberga. La búsqueda de incentivos tributarios, especialmente cuando no tienen un sustento técnico adecuado, afecta entonces la imagen y confianza en el empresariado. ¿Cuáles son esos cambios complementarios? La tarea es difícil, pero que el privado debe impulsar: competitividad, cierre de brechas en infraestructura y servicios básicos de calidad.
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