
Escribe: Carlos Casas Tragodara, profesor e Investigador del CIUP – Universidad del Pacífico
La minería es una actividad que despierta pasiones, y la discusión que genera puede llevar a cierta polarización de posiciones. Como siempre en estos casos, cada parte cree tener la razón. Esto no es distinto de lo que ocurre en el resto del país en el ámbito político. Y allí radica la razón de la discusión actual: la politización. No es extraño encontrar personas que afirman que la minería se lleva todos los recursos y contamina, y que por ello no debería permitirse. En menor escala, también se escucha la posición opuesta.
LEA TAMBIÉN: Enfrentar la minería ilegal, ¿por dónde empezar? Según PPK
Como siempre, el camino a seguir es intermedio. Y aquí, todos son responsables; no hay parte que se salve. Sin la participación del Estado, las empresas y la sociedad civil, no iremos a ninguna parte. Por ello, no es casualidad que, en el último reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo, el 25% del total de conflictos provenga de la minería, y que estos representen el 50% de los conflictos medioambientales que tenemos en el Perú. Si sumamos todos los sectores extractivos, representan el 80% de este tipo de conflictos.

Según el Minem, tenemos proyectos de inversión en minería por US$ 64,000 millones, de los cuales solo se están ejecutando cinco, y sus montos representan únicamente el 7% del total. Esta es una situación que no puede continuar si lo vemos como país. En un contexto donde el cambio tecnológico y las oportunidades del mercado son interesantes, no estamos aprovechando las olas y dejamos de generar riqueza para nuestro país.
LEA TAMBIÉN: Economía circular: impulso estratégico para la competitividad
Seamos claros: la riqueza que puede obtenerse de la actividad minera es significativa, y el recurso que no se extrae no tiene valor. Para ello, la inversión necesaria es importante, y debemos ser atractivos y productivos para atraer los capitales necesarios.
LEA TAMBIÉN: Irresponsabilidades que pagaremos todos
Y aquí una aclaración: similar a lo que pasa con la estabilidad macroeconómica, podemos obtener recursos significativos a partir de la minería, que genera ingresos para el Estado y para toda la economía. Eso lo podríamos llamar la primera vuelta del impacto minero. Sin embargo, la falla está en qué se hace con los recursos generados por la minería. De igual manera, nuestra macro está bien, pero fallamos en lo micro porque los recursos que obtiene el Estado se gastan de manera ineficiente. Lo mismo ocurre con la minería: generamos recursos, pero deberíamos preocuparnos por cómo éstos llegan a la población. Allí es donde nos encontramos con la ineficiencia del Estado, los intereses políticos y otros factores que afectan la inversión minera.
LEA TAMBIÉN: Machu Picchu merece un boleto al siglo XXI
En la literatura se habla mucho de la “maldición de los recursos naturales”, que implica que el impacto en el largo plazo en los territorios donde se lleva a cabo la minería es negativo. Sin embargo, esto no se aplica siempre. El resultado final depende de otros factores que permiten transformar los recursos de la minería en bienestar, como la capacidad del Estado, el rol de las empresas y las instituciones existentes en el país. Basta analizar lo que ocurre en departamentos como Cajamarca, Tacna o Moquegua: las historias son muy diferentes. En el primer caso, el impacto es negativo y la pobreza y la distribución del ingreso no mejoran, mientras que en los dos últimos el impacto es positivo. ¿Qué se hace en Cajamarca que es distinto a lo que ocurre en Tacna o Moquegua? Esa es una pregunta importante que debemos responder.
LEA TAMBIÉN: Invertir es para todos: cómo dar tus primeros pasos desde 100 soles
El debate debe estar basado en evidencia y no en lugares comunes que se repiten en todos lados. No debemos volver a hacer diagnósticos globales e inútiles, sino entrar en profundidad en temas puntuales. Un aspecto que debe sincerarse son algunas cifras: no resulta creíble que por cada empleo directo minero se generen diez, como se repite casi como un mantra, o que se estime que el oro ilegal exportado alcance los US$ 12,000 millones. Actualizar las cifras y utilizar metodologías novedosas puede ayudarnos a contar con estimaciones más realistas.
LEA TAMBIÉN: Sobre la locura y el manejo de la economía
Esto nos lleva a considerar varios temas que muchas veces no están en el debate. El primero es que el sector minero es heterogéneo: no todas las empresas mineras son iguales. El tejido empresarial es más complejo de lo que se cree. Ya lo vemos con la MAPE y con la minería ilegal. Esta última presenta niveles de productividad muy bajos, pero, con los precios actuales del oro, sigue expandiéndose: es una verdadera fiebre del oro. Sin embargo, estos productores están muy distantes de la gran minería, donde la productividad es elevada y se cumplen estándares ambientales de nivel mundial.
LEA TAMBIÉN: Inteligencia artificial, cuatro preguntas clave para los directivos
El problema es que la actividad carga con una historia que no ha sido bien explicada, marcada por la presencia de pasivos ambientales considerables que son fruto de otros tiempos y de otro tipo de minería. Esa mala reputación persigue al sector, pues permanece en el imaginario popular y alimenta discursos antimineros en distintas zonas. De allí surgen discusiones de “agua o minería”, que ya están desfasadas. Sin embargo, cuando ocurre un evento ambiental causado por un productor pequeño, se generaliza como si toda la industria fuese responsable.
LEA TAMBIÉN: Anuncian plataforma pública de pagos digitales, ¿qué beneficios traerá?
Por otro lado, la volatilidad de los recursos fiscales generados por la minería debe moderarse mediante herramientas fiscales. Los precios de los minerales varían fuertemente a lo largo del tiempo. Se trata de una actividad riesgosa y, por ello, es necesario diseñar mecanismos que permitan mitigar estos riesgos y, al mismo tiempo, atraer mayor inversión.
LEA TAMBIÉN: Sunat y utilidades voluntarias: qué exige la ley para aceptarlas como gasto deducible
Esto nos lleva al rol del Estado. Este debe comprender que necesita contar con un servicio “postventa” más empático con el sector. Esto no es exclusivo de la minería, pues ocurre también en otras actividades como las concesiones. El problema radica en que se busca atraer inversionistas y se les “vende” los proyectos y el país; sin embargo, cuando se desarrolla el proyecto o se inicia la concesión, el Estado se desentiende.
LEA TAMBIÉN: Empresas en alerta: riesgos y claves ante los 16 feriados del calendario laboral 2025
Como vemos la agenda es grande y da para mucha discusión, que es la que debemos empezar a tener. Cuanto más demoremos, dejaremos de generar riqueza y no podemos darnos ese lujo.

Profesor de la Universidad del Pacífico.