Escribe: Mercedes Araoz, investigadora de la Universidad del Pacífico
En el reciente reporte de inflación del BCR se aumenta la proyección de crecimiento de inversión minera 7.3% en este año y se señala que los términos de intercambio –precios de exportables sobre precios de importables– pueden alcanzar un máximo desde 1950 en el 2026. Esta buena perspectiva se sostiene en los buenos precios de los minerales, en especial el cobre y el oro y, por otro lado, la reducción del precio del petróleo que importa el Perú.
LEA TAMBIÉN: Maido el mejor del mundo: el cara y sello de nuestra realidad
Si bien, la incertidumbre y la conflictividad geopolítica reciente, en especial en Medio Oriente, tendrán impactos en el precio del petróleo al alza, por su parte, la escalada en precios de los minerales que exporta el Perú se mantendrá, porque resulta de un cambio estructural en la matriz de consumo energético del mundo, en particular de electricidad. Por un lado, se acrecienta el uso de carros eléctricos para aminorar el impacto climático de los combustibles fósiles y, por el otro, se presenta un acelerado desarrollo y uso de la inteligencia artificial que requiere de centros de datos con alto consumo de electricidad y, con ello, una mayor demanda de cobre, principal conductor de la electricidad. Según Julio Velarde, presidente del ente emisor, el potencial minero es muy grande y con todos los proyectos en cartera se podría duplicar la producción minera. Estas son muy buenas noticias para el Perú y, sin embargo, no se toma conciencia de ello.
LEA TAMBIÉN: Las oportunidades de inversión están más cerca de lo que uno piensa
Recordemos que el país posee un potencial geológico de clase mundial, es el tercer productor global de cobre, y figura entre los cinco principales productores de plata, zinc, plomo y estaño. Según el INGEMMET solo alrededor del 15% de territorio con potencial minero ha sido explorado sistemáticamente y los recursos mineros son, por Constitución, propiedad del Estado peruano, es decir de todos los peruanos, por lo que su explotación debe estar adecuadamente regulada.
LEA TAMBIÉN: Legislar sin brújula: una extorsión a la economía
La minería –de todos los tamaños– bien gestionada puede seguir siendo un pilar de desarrollo económico nacional, sobre todo en regiones donde otras actividades productivas son limitadas. Durante años, han convivido la gran minería y la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), pero la normativa que regula esta convivencia se ha deteriorado. El gran potencial minero y las condiciones de mercado señaladas podrían ser desaprovechados mientras persista este desorden normativo que empuja a miles de pequeños productores a la informalidad y, lo que es peor aún, a la ilegalidad. El país necesita una nueva ley que reconozca las particularidades de la producción minera, incluyendo las de la MAPE, trazando una ruta clara hacia la formalización, estableciendo con claridad los derechos de propiedad y uso de los diferentes actores, formas de producción sostenibles y sancionando severamente la criminalidad alrededor del espacio minero.
LEA TAMBIÉN: El enfriamiento de la economía mundial
La escala productiva es relevante en la producción minera, las concesiones mineras de gran escala tienen sentido económico, se otorgan por plazos largos, para que la explotación vaya avanzando a través del tiempo, partiendo de los lotes más productivos o de mayor ley a los de menor ley, cuando los anteriores bajan de productividad. No es económicamente rentable hacer producir todo el espacio concesionado en un solo momento, ni tampoco tiene sentido dar derechos de propiedad o de uso en espacio concesionados a invasores, sin acuerdos entre las partes, solo porque el espacio no está siendo explotado.
LEA TAMBIÉN: Empieza a ahorrar hoy: Consejos para dar el primer paso hacia tu futuro financiero
La informalidad en cualquier actividad termina generando más informalidad. En la minería, adiciona a la precariedad laboral, impactos sociales y ambientales inaceptables por nuestros compromisos internacionales. Es inadmisible el trabajo infantil y el trabajo forzoso, así como la ausencia de seguridad laboral mínima y la protección social (salud y pensiones) de las actividades informales. La explotación minera ilegal en fuentes de agua genera un daño ambiental enorme, por ejemplo, en territorios de comunidades indígenas, pues afectan sus condiciones de vida y las relaciones sociales en esas comunidades. Algo similar sucede con el desmanejo de relaves producidos por la minería informal y las cadenas de valor que la integran, sin trazabilidad, pues, son también informales. El negocio de insumos químicos, combustibles y explosivos implican altos riesgos al estar también ligados a otras actividades ilegales.
LEA TAMBIÉN: ¿Quién fue el mejor presidente del Perú?
No se trata de elegir entre grandes proyectos y pequeños productores sino de construir un ecosistema minero ordenado, justo y sostenible. con responsabilidades y obligaciones en toda la cadena productiva y el ecosistema minero. Una ley moderna MAPE no solo cerraría brechas de informalidad, sino que permitiría integrar a miles de peruanos que hoy están al margen, pero que quieren hacer sus actividades dentro de la ley. El Legislativo y el Ejecutivo tienen la responsabilidad de generar esa ruta. Ignorar este desafío no es solo depredar el potencial minero del país, sino también la posibilidad de un desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible.
