Escribe: Robert McDonald Zapff, coordinador de Vinculación Empresarial y Corporativa - Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima
El profesor Richard Auty señaló que, para que un país sea categorizado como “minero”, el sector debe representar al menos el 8 % de su PBI. Si consideramos este criterio, no cabe duda de que el Perú, al cumplirlo holgadamente, es un país minero. Tampoco hace falta un ejercicio de análisis de contenido para confirmar que gran parte de los titulares de la prensa y de la agenda política nacional gira en torno a varios aspectos relacionados con la minería.
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En efecto, no solo se discute su relevancia económica, sino también sus implicancias políticas, jurídicas e ideológicas. Basta con oír afirmaciones como que existirían 500,000 pequeños mineros y que, si multiplicamos ese número por seis, considerando sus alcances indirectos, se aludiría a un grupo con peso político o electoral, que representa alrededor del 15 % de los votos. Esta cifra, por sí sola, sugiere la importancia de tomar en cuenta a este “bolsón electoral” para aspirar a una eventual segunda vuelta.
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Los bloqueos de carreteras y las lamentables muertes asociadas a conflictos mineros son inaceptables y constituyen un reflejo de que la situación está fuera del marco del Estado de derecho. Las decisiones que luego se toman –carentes de dirección y sujetas a retrocesos– parecen presagiar un panorama en el que muchos permisos previamente denegados podrían ser restituidos. Estas medidas responden a argumentos políticos y quizás jurídicos, pero no realmente técnicos.
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En ese contexto, si se dice que el Reinfo ha sido ineficaz como instrumento para viabilizar las actividades mineras, ¿qué acciones pragmáticas se están planteando para impulsar el desarrollo del sector, incluyendo a la pequeña minería y la minería artesanal? Si, independientemente de su dimensión y escala, la mayoría de las actividades extractivas requiere insumos, mano de obra calificada y la aplicación de elementos de seguridad para proteger la vida humana y el medioambiente, ¿qué se está evaluando en términos de apoyo tecnológico?
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¿Se ha considerado implementar sistemas GPS para los camiones y medios de transporte, con balanzas y controles en el camino? ¿Se ha pensado en desarrollar algún tipo de acompañamiento satelital o una app integrada que permita ingresar datos a lo largo del proceso? ¿Quizás también evaluar depósitos estatales de insumos críticos bajo estrictas medidas de control?
¿Se ha pensado en desarrollar algún tipo de acompañamiento satelital o una app integrada que permita ingresar datos a lo largo del proceso? (Foto: Aros del Pacífico).
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Es evidente que las leyes y normas no alcanzan para resolver una problemática tan compleja como la minería, que requiere procesos administrativos simples, claros y no interpretativos. En ese sentido, las mesas de diálogo y los comités especiales deberían contar con expertos en tecnología que ayuden a proponer soluciones mediante el uso de herramientas digitales. Por ejemplo, un aplicativo móvil diseñado con este fin podría aliviar algunos de los problemas detectados.
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Es más, podría convertirse en un argumento a favor de ampliar la cobertura de internet en todo el país, en los lugares donde se realicen actividades mineras y transiten los camiones con insumos, minerales o mano de obra. Claro está, un proceso de esta naturaleza implicaría un esfuerzo articulado entre todos los actores del sector, desde el pequeño minero hasta los ministros y las más altas autoridades.
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Quienes hemos podido evitar largas colas en Migraciones en el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez, gracias a los nuevos controles migratorios que operan mediante la app Migracheck, nos podemos ilusionar con un futuro donde toda la cadena productiva del sector minero se conecte a través de una aplicación llamada tal vez “Minerocheck”. Así, en un futuro no muy lejano, los camiones podrían pasar por arcos satelitales que los escanearían para verificar su peso, el tipo de mineral que llevan y si la carga es congruente con los datos colocados previamente en la app, que estaría ligada online con todas las instancias de los órganos competentes. De ese modo, ante cualquier incoherencia o irregularidad, se activaría una alerta temprana.
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De lograrse implementar una app que garantice trazabilidad y control –algo de lo que tanto se habla, pero poco o nada se hace al respecto en términos digitales–, difícilmente se cuestionaría esta iniciativa. Más aún, si la triada del Estado, la sociedad civil y el sector minero privado apoyara esta propuesta, a la que se sumaría la academia, que contribuiría con sus laboratorios y observatorios especializados, se podría aspirar a una solución integrada y de consenso. Ese es el reto por superar.
